La complejidad de la crisis en seguridad resulta difícil de resumir. Encontrar las palabras para trasladar lo delicado de la situación a personas que no la conocen, no es fácil. Siempre queda la sensación de que la descripción utilizada para explicar la gravedad de lo que se vive en El Salvador, no logra proyectar con suficiente precisión el calvario que enfrentan diariamente los salvadoreños. Empaquetar en unas cuántas oraciones la magnitud de los obstáculos que se tienen que superar para que demos un golpe de timón y empecemos a caminar en la dirección correcta, a veces parece ser una tarea imposible.
La mejor estrategia para hacerlo, en mi experiencia, es utilizando ejemplos puntuales. Esto permite enmarcar los diversos componentes de la crisis en escenarios fáciles de comprender para quienes pretendemos trasladar a nuestra realidad. Esto les permite conectar los puntos clave de la compleja situación y, al mismo tiempo, dimensionar el monstruo que nos acecha.
Durante los últimos días el país ha registrado una ecléctica variedad de hechos que, a mi juicio, resumen fehacientemente el crítico estado de la seguridad pública en El Salvador. Son solo tres pero capturan la esencia de lo que aqueja a los salvadoreños: el tiroteo en la colonia San Patricio, las declaraciones de la relatora de Naciones Unidas y la condena del exalcalde de Apopa.
La estrategia gubernamental para hacerle frente a la crisis en seguridad no es la correcta. Así lo sugiere el sangriento saldo del tiroteo en la colonia San Patricio.
Esta ha sido, sin embargo, la percepción general desde hace ratos en quienes, en teoría, debiesen ser los principales beneficiados de cualquier nivel de efectividad: la ciudadanía. Así lo revelan distintas encuestas. El tiroteo en la colonia San Patricio ilustra la forma en la que el oficialismo afronta el problema, similar a la manera que los mariachis afrontan a su público: tocan la canción que la gente pide, pero hasta allí. Los salvadoreños, hastiados de estar secuestrados por las pandillas, con justa razón quieren transformar la lógica del sistema de justicia penal para que, en lugar de velar por que prevalezca el orden público, vengue el daño hecho por dichos grupos. Aunque es entendible esta postura, no es técnicamente viable. Desnaturaliza a las instituciones y, en consecuencia, abre las puertas a una infinidad de problemas que agudizarían la situación.
Lastimosamente, esto ya empezó a pasar en nuestro país. La relatora de Naciones Unidas, Agnes Callamard, recientemente condenó los abusos del Estado salvadoreño. Señaló que en el país las condiciones en los centros penales deshumanizan a los internos y, por lo tanto, imposibilitan cualquier iniciativa o programa orientado a la readaptación de los que purgan penas. Las ejecuciones extrajudiciales también ha sido un tema reprochado por la comunidad internacional. Ambas situaciones revelan una descomposición del aparato de justicia penal, consistente con el sentimiento punitivo popular, pero incongruente con los principios técnicos de los abordajes efectivos y eficientes.
Es difícil que El Salvador enmiende el camino que ha emprendido. No solo está secuestrado por las pandillas sino también por malos políticos. La reciente condena del exalcalde de Apopa, Elías Hernández, por su participación en una red delictiva junto a pandilleros, ilustra este punto perfectamente. Hernández llegó a la alcaldía bajo la bandera de ARENA, el partido de oposición, pero sus lazos con las pandillas se estrecharon bajo el cobijo de la negociación entablada entre el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, y las pandillas. Aunque las declaraciones del ministro Ramírez Landaverde en contra de Hernández son fuertes, tienen cierta dosis de hipocresía, ya que se limitan a su caso y no incluyen la amplia participación del partido en el gobierno en entablar vínculos entre políticos y pandilleros, evidenciando la preponderante influencia política en el manejo de la seguridad. El Salvador necesita liberarse de los malos políticos antes de poder liberarse de las pandillas.
Criminólogo
@_carlos_ponce