En octubre del año pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura publicó el listado de abogados que en principio podían aspirar a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia. El famoso listado de “elegibles” quedó compuesto de más de 12,000 abogados.
Ese es un listado que no hace ningún tipo de valoración sobre los requisitos de moralidad o competencia notoria, ni mucho menos sobre la independencia judicial. Es apenas un primer barrido que se hace para saber quiénes tienen la edad requerida, quiénes han desempeñado la judicatura por más de 9 años o quiénes han obtenido su autorización como abogado desde hace al menos 10 años.
El universo de abogados en nuestro país ya supera el número de 35,000, pero de todos esos, es a partir de los “elegibles” que tienen que comenzar a identificarse el resto de características y requisitos exigibles.
El gremio de abogados es muy grande, y el listado de elegibles también lo es. Por eso cuesta entender y encontrar algún asomo de justificación, en los que promueven que de esos más de 12,000 abogados, se postulen profesionales que distan mucho de cumplir con las exigencias constitucionales.
La independencia judicial no es un invento de última hora, ni se trata —como algunos lo quieren hacer ver— de una exquisitez de unos pocos. En el caso de nuestro país, el art. 172 de la Constitución dice expresamente que los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son —y deben mantenerse— independientes. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional no han venido sino a explicar algo que ya estaba ahí.
Pero hay quienes en su afán por desconocer lo anterior, dicen que no pasa nada si tenemos magistrados formal o materialmente vinculados a partidos políticos, porque la independencia debe ejercerse al momento de conocer el caso concreto y no de manera anticipada; así intentan justificar postulaciones que ahora asustan a quienes queremos vivir en una democracia. Eso es una forma distorsionada de entender la exigencia constitucional de independencia.
En realidad, no podemos tener jueces ni magistrados, que apriorísticamente se coloquen en una situación tal, que su razonamiento y juzgamiento pueda estar enormemente influido y hasta comprometido por su vinculación partidaria. Eso es una contradicción del sistema de frenos y contrapesos.
Esto equivale a lo que muchas veces vemos en la Asamblea Legislativa cuando se aprueban leyes que ya todo mundo sabe que están mal o que violentan derechos constitucionales, pero que de todos modos se votan solo para ver qué pasa. No pueden elegirse jueces que de manera evidente no son independientes, solo para ver si en el camino logran su independencia; es un sinsentido.
Por supuesto que la independencia no solamente se aplica al ámbito político. Ese es apenas el más evidente de todos.
Y es que, vista desde otra perspectiva, la independencia judicial nos atañe a todos; no solo a los abogados. Es un derecho de todos los ciudadanos y por eso debemos exigirlo. Así lo ha reconocido la Convención Americana sobre Derechos Humanos al expresar que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Exactamente lo mismo señala el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ese derecho ciudadano a tener jueces independientes ha llevado a muchísimos pronunciamientos judiciales en los que se ha quedado clarísimo que, en los procesos de elección de jueces, especialmente los referidos a las altas magistraturas, deben existir filtros que garanticen esa independencia.
Y entonces ¿por qué algunas asociaciones que dicen representar al gremio y que dicen representar a la ciudadanía, se empeñan en postular profesionales con ostensibles vínculos partidarios? ¿Qué hay detrás de esa pretensión? ¿Por qué de los más de 12,000 elegibles, se insiste en llevar a personas vinculadas al quehacer político partidario?
Valga destacar que la pertenencia o cercanía con partidos políticos no es en sí misma reprochable. De verdad pienso que los partidos políticos juegan un rol esencial en toda democracia, y que a partir de los mismos se puede contribuir muchísimo al desarrollo del país; cosa distinta es ver lo que tenemos.
Aun así, yo aplaudo y admiro a quienes con espíritu patriota se vinculan al quehacer partidario y quienes con honestidad quieren hacer país desde esa trinchera. Pero lo que pasa es que esa trinchera es excluyente de la otra y quienes pretenden ejercer la judicatura, deben entenderlo de una vez por todas.
* Colaborador de El Diario de Hoy.