En mi columna de la semana anterior mencionaba de lo preocupante que es para la seguridad pública la desarticulación del Grupo de Reacción Policial (GRP) por los incidentes lamentables de diciembre. Es alarmante porque los grupos delincuenciales van creciendo y adiestrándose mejor para dar batalla a la Policía Nacional Civil (PNC). Ejemplo de ello son los hechos sucedidos el viernes 2 de febrero: agentes policiales y un grupo de pandilleros se enfrentaron a tiros alrededor de las 9:30 de la mañana en la colonia San Patricio de San Salvador.
De acuerdo con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), ocho policías resultaron lesionados (siete hombres y una mujer). Además, uno falleció y dos pandilleros murieron en el enfrentamiento. El director de la PNC, Howard Cotto, confirmó la muerte de dos criminales de la pandilla 18 Revolucionarios. Uno de ellos, Marvin Enrique Deodanes, alias “el Colombiano”, tenía 8 órdenes de captura por homicidio.
El ministro de Defensa, David Munguía Payés, dijo al respecto: “En ningún país del mundo la Policía tiene dos o tres enfrentamientos a diario con gente armada y nosotros sí los estamos teniendo acá; los constantes enfrentamientos armados entre las fuerzas estatales de seguridad y las pandillas en El Salvador han llevado al país a vivir un conflicto armado de “baja intensidad” . En seguida agregó: “El actuar de la criminalidad ha sobrepasado la raya del área de seguridad pública y estamos entrando en otro tipo de conflicto”.
La guerra de baja intensidad (GBI) involucra a menudo luchas prolongadas de principios e ideologías y se desarrolla a través de una combinación de medios políticos y económicos. Este tipo de confrontación se ubica generalmente en países tercermundistas, pero contiene implicaciones de seguridad regional y global. Las maras y pandillas trascienden en todo su espectro a la delincuencia común de los delitos de oportunidad; son estructuras con una organización sistematizada que controlan territorios específicos de nuestro país donde amedrentan y extorsionan a los habitantes.
Han establecido nexos con políticos en los cuales ya se tienen condenas como la reciente del exalcalde de Apopa, Elías Hernández. De acuerdo con el juez, fue condenado luego de que se comprobara que a la pandilla 18 se le entregó plazas, combustible, reparación de vehículos, líneas telefónicas y dinero. El alcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, fue capturado junto al administrador de mercados de esa comuna, José Ricardo Cortez Campos, el pasado 20 de junio, por presuntamente financiar a tres clicas de la mara MS-13.
Lamentablemente vemos cómo las estructuras criminales han entablado nexos con algunos políticos y lograr mayor poder en el control de los territorios y esto es muy preocupante. Es aquí donde la Fiscalía y la Policía deben realizar una ardua labor de inteligencia e investigación para desarticular y lograr judicializar a todo aquel que tenga vínculos con estos delincuentes; si no frenamos a tiempo esta guerra de baja intensidad, adquirirá características más complejas que sobrepasarán toda estrategia de seguridad pública.
* Columnista de El Diario de Hoy.
Politólogo y Especialista en Seguridad
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