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El Salvador. Año político 2016-2017

El deterioro de las finanzas públicas, los intentos por nacionalizar el sistema de pensiones y las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) generaron en este último año, una tensa relación con el sector privado.

Por Luis Mario Rodríguez R.*

May 31, 2017- 21:48

Durante ocho años consecutivos, el Departamento de Estudios Políticos de Fusades ha presentado una apreciación muy completa del desempeño del gobierno de la República. En el quinquenio 2009 – 2014 el documento se limitó a describir aspectos vinculados únicamente con la labor del presidente y de sus ministros. A partir de junio de 2015 Fusades consideró necesario ampliar la información del estudio incluyendo los hechos políticos más relevantes de los últimos doce meses.

De esta manera, además de plantear el estado de las relaciones entre el gobierno y el sector privado, el nivel de gobernabilidad legislativa con el que cuenta el Ejecutivo, si se ha debilitado o fortalecido el vínculo del gobernante con el partido que lo llevó al poder, con los sindicatos y con las organizaciones sociales que respaldaron su candidatura, el grado de eficacia en el cumplimiento de las promesas de campaña y del plan quinquenal de desarrollo, el compromiso del mandatario con la democracia y las condiciones en las que se encuentra la política exterior del país, también se incorporaron otros acontecimientos de estratégica importancia que han impactado la vida de los salvadoreños. Nos referimos a la evaluación de la seguridad pública, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la lucha anticorrupción y los desafíos de las elecciones de 2018.

En resumen el presidente ha mantenido una sólida relación con el partido FMLN. El gobernante y su partido mantienen, a diferencia de la administración anterior, el control total del presupuesto del Ejecutivo y una amplia presencia territorial a nivel nacional. Su relación con la Asamblea Legislativa permanece relativamente estable, consiguiendo el apoyo sobre prácticamente la totalidad de sus iniciativas de ley, con excepción de aquellas que necesitan de mayoría calificada y que tienen relación con la ratificación de préstamos internacionales.

Precisamente el deterioro de las finanzas públicas, los intentos por nacionalizar el sistema de pensiones y las reformas a la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), generaron en este último año, una tensa relación con el sector privado. La situación de impago y la consecuente caída de las calificaciones de riesgo, erosionó la confianza del sector empresarial y la imagen internacional del país. El presidente encontró en los partidos Concertación Nacional y Gran Alianza Nacional el amparo para reformar la ley FOP y reorientar los presupuestos de salud, educación y seguridad con el fin de cumplir con las obligaciones financieras en mora.
Por otra parte, la posición del gobierno frente a la crisis venezolana afectó la política exterior del país y puso en duda las convicciones democráticas del mandatario. El rechazo del representante salvadoreño ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se aplicara a Venezuela la Carta Democrática Interamericana debido a la represión en contra de los ciudadanos que se tomaron las calles para exigir el respeto de sus derechos, la falta de un calendario de elecciones, la negativa del régimen a liberar a los presos políticos y la grave crisis humanitaria que padecen sus habitantes, son motivos suficientes para que El Salvador votara a favor del restablecimiento del orden constitucional de aquella nación como lo hicieron la mayoría de países latinoamericanos.

Ciertamente el presidente no ha solicitado a su partido la reforma de la Constitución para cambiar la forma de gobierno republicana, democrática y representativa. Sin embargo la coincidencia con el FMLN en las amenazas contra la Sala de lo Constitucional le representan al gobernante un serio déficit en el ámbito del Estado de derecho al arriesgar la separación de poderes con amenazas de destitución a los magistrados de aquella instancia judicial.

La negativa del Ejecutivo a otorgar el presupuesto solicitado por el Tribunal Supremo Electoral para la organización de las Elecciones de 2018, la reforma al reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública y la cuestionada elección de los integrantes que conforman la terna de los representantes del sector privado de la que se nombrará a un nuevo comisionado de la entidad encargada de aplicar esa normativa, y la identificación del presidente con regímenes como el nicaragüense, cuyo presidente resultó reelecto en un proceso muy cuestionable, empañan el tercer año de gobierno del presidente Sánchez Cerén.

Para conocer el informe completo puede visitar la página www.fusades.org.

*Columnista de El Diario de Hoy