Los casos de corrupción de funcionarios guatemaltecos, recientemente destapados en el vecino país, y posibles casos existentes en el nuestro, que no son investigados, ha motivado a la sociedad civil salvadoreña a buscar la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Y aunque hemos visto mucha resistencia por parte de distintos funcionarios, no solo del gobierno sino de algunos que actúan de la mano de este, debemos decir que su argumento de que “ya existen aquí las instituciones para investigar y evitar que exista impunidad” no es del todo cierto.
Si eso fuera verdad, en este momento ya se estaría investigando e informando con transparencia de casos como El Chaparral, pacto del gobierno anterior con los grupos terroristas y otros, sin importar colores políticos.
Promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos, es básicamente el pilar que fundamenta la creación de una instancia como esta, que al emerger de la Organización de las Naciones Unidas y funcionar con fondos provenientes del exterior, financiados por distintos países, garantiza no solo su independencia, sobre todo política, sino también algo que en este país nos está haciendo mucha falta: la transparencia.
Para que las instituciones funcionen, es necesario que hagan bien su trabajo. Para muestra: las últimas denuncias relacionadas a la negación de información en el caso de los viajes al exterior de expresidentes, algunos gastos realizados en la Asamblea Legislativa en la pasada gestión, o la venta de los terrenos del IPSFA al expresidente del órgano Legislativo.
La respuesta de quienes gobiernan, para rechazar la creación de la CICIES, generalmente va acompañada de reproches por supuestos hechos cometidos por funcionarios pasados, lo cual debería de ser un motivador para ellos, no una excusa.
Estamos viviendo una etapa en la que los ciudadanos salvadoreños exigen un cambio en la manera de hacer las cosas por parte de los funcionarios públicos, donde la honestidad es la cualidad más solicitada, esperada y valorada, y donde se cuestiona constantemente su actuar.
En su solicitud para que haya transparencia, honestidad y cero impunidad, los ciudadanos ya están asumiendo un rol más protagónico y exigen más aún, en su claro deseo por enderezar el camino y procurar un país mejor.
Los funcionarios no podemos hacer oídos sordos ante estas peticiones bien fundamentadas. Los salvadoreños quieren que se deje de gobernar como si se tratase de una empresa propia, quieren que el dinero que aportan al Estado sea bien invertido y más allá de eso, que se le rinda cuentas de esos gastos, hasta el último centavo.
Ningún partido político debe ampararse en los pecados cometidos por otros en el tiempo que fuera, para evitar que prevalezca la justicia, para tapar actos de corrupción y a corruptos.
Todos, absolutamente todos tenemos algo que aportar para cerrarle las puertas a la corrupción y la impunidad: nosotros en la asamblea, aportaríamos mucho dejando de lado las llamadas “cuotas partidarias” al momento de elegir funcionarios de segundo grado, por ejemplo.
La corrupción también deshumaniza y traspasa los delitos llamados “de cuello blanco”, incrustándose en instituciones como las que forman el sistema nacional de salud, a las que se destinan muchos millones de dólares cada año, pero que no se reflejan en la atención que se brinda a los pacientes.
La creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) no debería de ser tema para confrontar, sino para debatir. Los salvadoreños lo demandan y justifican, debido a la falta de investigación en casos que involucran millones de dólares de los contribuyentes.
Atendamos los temas que pone en agenda la población. La historia está dando un giro de timón, quien no atienda el llamado de los ciudadanos, que se baje del barco.
*Diputada.