Estimado Gustavo Villatoro:
Podemos ser muy críticos y opositores, pero cuando un funcionario del gobierno hace algo correcto, hay que reconocerlo.
Muy contra corriente, algunos hemos señalado por años que en el contexto de la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero se han dado abusos inaceptables, promovidos por actitudes de excesivo recelo de parte de la fiscalía. Uno de los abusos más comunes ha sido que los bancos, al sólo recibir de la fiscalía solicitudes de información financiera, les cerraron sus cuentas a los clientes mencionados y les cancelaron sus préstamos y tarjetas.
Nunca se supo si los bancos actuaron así por órdenes de la fiscalía o de la Superintendencia del Sistema Financiero, o por propia iniciativa, o simplemente para quedar bien con estas autoridades. Llegaron incluso al colmo de suspender las cuentas de personas que han sido mencionados en reportes mediáticos.
Me enteré de que quedaron sin cuentas bancarias incluso ciudadanos cuyos nombres fueron mencionados en casos ni siquiera relacionados con delitos de corrupción. Les dieron la ‘muerte civil’ sin ninguna orden judicial, ni siquiera con una instrucción formal de la fiscalía, sin ninguna posibilidad de apelación.
Ahora usted ha instruido a los bancos de suspender estas prácticas. Fue una decisión correcta y necesaria. Lo felicito.
Lastimosamente, hacer lo correcto no siempre es lo más popular. El rechazo popular a la corrupción es tan profundo que muchos sólo ven sospechosos. Pero no somos un pueblo de corruptos. Este recelo excesivo ya no deja espacio para la presunción de inocencia, que es un pilar del Estado de Derecho.
Cuando usted hizo público su instructivo a los bancos, ordenándoles de suspender la práctica de llevar listas negras y cerrar cuentas sin ninguna orden judicial, hubo reacciones adversas incluso de organizaciones con larga trayectoria de defensa de los derechos del ciudadano contra los abusos de este gobierno.
FUNDE es una organización con mucho mérito en la lucha contra la corrupción, pero igualmente en la lucha contra abusos del Estado contra sus ciudadanos. Sin embargo, en este caso no supieron balancear correctamente estas dos preocupaciones.
El vocero de FUNDE en temas de corrupción, Wilson Sandoval, rechazó el instructivo de la Superintendencia con el extraño argumento que la prevención pesa más que la presunción de inocencia. Para él, en este contexto de la cancelación de cuentas bancarias, “el argumento de la presunción de inocencia es uno meramente político”.
Que me disculpen mis amigos de FUNDE, esta es una posición insostenible. Para prevenir delitos no se puede violar la presunción de inocencia de los ciudadanos, mucho menos meterlos en listas negras que les excluyen de servicios tan esenciales como los bancarios.
Espero que usted, con todo el poder de la Superintendencia, imponga a los bancos que acaten su nuevo instructivo y dejen de dar ‘muerte civil’ a ciudadanos que sólo han sido mencionados por la fiscalía o por medios de comunicación. Espero también que Raúl Melara respalde esta corrección de una política equivocada y abusiva promovida por anteriores fiscales generales.
Saludos, Paolo Luers