Presidente:
Cuando usted mandó, a través de su ministro de Gobernación, Mario Durán, su proyecto de “Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19”, una de las previsiones claves para hacer viables las medidas de restricción de la actividad económica y de cuarentenas fue esta provisión contenida en el artículo 5:
“No podrá ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena (…). Las cuarentenas ordenadas por el Covid-19 tendrán el mismo tratamiento de las incapacidades temporales por enfermedad común (…). El Instituto Salvadoreño de Seguro Social está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad”.
Así fue aprobado por la Asamblea, y así tiene que ser. Así lo dictan la lógica y la justicia social. Si un gobierno decreta que las empresas no pueden despedir a sus trabajadores que por orden gubernamental no pueden asistir a sus lugares de trabajo, tiene que asumir los costos de su medida, o sea pagar las salarios caídos. Y el mecanismo idóneo es el Seguro Social, que tiene organizados todos los datos de empleados y todos los cálculos para pagarlos en caso de enfermedad o cuarentena, en este caso.
Esto no significa que el Seguro Social va a absorber los costos, como ahora el gobierno alega, acusando a quienes insisten en este mecanismo de compensar a los en cuarentena de estar “quebrando al ISSS.”
Para no quebrar al Seguro Social, lo que tiene que hacer su gobierno es subsidiar al ISSS para que subsidie a los trabajadores y sus familias. Todos estábamos esperando que en el paquete de los 2,000 millones de dólares apareciera este subsidio. Pero no. Ni se menciona el problema. Asigna su cuota de 30% a las alcaldías, provee los pagos de $300 a las familias del sector informal, pero ni un centavo para resolver el problema de los salarios caídos del sector formal.
Es más, el gobierno presenta a la Asamblea otro decreto que dice que las empresas no pueden despedir a nadie y que tienen que mantenerles el sueldo por la duración de la emergencia con sus decretos de cuarentena.
Viene la Asamblea y reitera, en una declaración de “interpretación auténtica”, que este problema ya está resuelto en el decreto 593, artículo 5 (que citamos arriba) aprobado el 13 de marzo. Los salarios caídos por cuarentenas los tiene que pagar el Seguro Social.
Viene usted y publica en Twitter (a la 1:38 am de la noche del día 27) una sola palabra, acompañada de una carita burlona: “¡VETO!”
Viene la Asamblea y, asustada, retira su “interpretación auténtica” para considerarla.
Esto no es política, mucho menos es como se administra una crisis. Es un circo.
La “interpretación auténtica” ni siquiera era necesaria, porque el decreto 593 es claro e inequívoco. Aunque usted vete la “interpretación auténtica”, no puede respectivamente vetar la ley (propuesta por usted mismo) que daba vigencia al Estado de Emergencia. Sigue vigente y sigue diciendo que el Seguro Social tiene que pagar como si se tratara de incapacidades por incapacidad.
En todo esto, presidente, usted y sus paladines han caído en un lenguaje tan agresivo que, empleado por los gobernantes, pone en peligro la cohesión social de la sociedad salvadoreña. Tal vez usted, en sus fantasías de poder, no se da cuenta, pero esto significa también poner en peligro la gobernabilidad de su propia administración.
Si sigue así, solo va a poder gobernar con restricciones, represión y asumiendo poderes especiales que la Asamblea no le ha dado y no le va a conceder.
Saludos… Paolo Lüers