Estimados señores oficiales:
Ustedes están supeditados al poder civil. El poder civil gubernamental está supeditado al poder judicial. Por tanto, ustedes como soldados están supeditados a las resoluciones judiciales. Las tienen que obedecer y cumplir. Punto. Fin de la discusión.
Yo expresé en varios artículos que nunca fui partidario de abolir la amnistía. Para mí, la amnistía fue un instrumento necesario para facilitar que los dos bandos de la guerra, luego de los Acuerdos de Paz, pudieran comenzar a trabajar juntos en la reconstrucción del país y en la implementación de su democratización.
Pero la Sala de lo Constitucional tomó otra decisión y declaró inconstitucional la amnistía general. Esta resolución, como cualquier otra, hay que cumplirla. En consecuencia, un juzgado en San Francisco Gotera abrió el caso de El Mozote contra miembros del Alto Mando militar y otros oficiales que dirigieron la Fuerza Armada y sus operaciones en el año 1981. El juez de Gotera, aplicando el Código Penal vigente en el 1981, ordenó la inspección de los archivos de la Fuerza Armada respecto a las operaciones militares del 1981 en Morazán. Esta inspección iba a iniciar este 21 de septiembre, en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Por órdenes superiores, el oficial al mando de la seguridad le negó al juez y su comitiva la entrada, a pesar de que la fecha y hora de la inspección fueron debidamente comunicados al Ministerio de Defensa.
Esto es un grave caso de incumplimiento de una resolución judicial. No sabemos quién ordenó este incumplimiento. Pero ustedes, como titulares del Estado Mayor, no tienen ni obligación ni derecho de obedecer una orden de incumplir una resolución judicial, aunque la orden sea del ministro de Defensa o del presidente de la República.
En estos archivos no van a encontrar nada que no tenga casi 40 años de saberse, a menos que sean pruebas de la participación de asesores militares estadounidenses en la masacre de El Mozote y aldeas vecinas. Esto explicaría la resistencia de abrir los archivos, pero no justifica por nada el boicot al juicio penal en curso.
La verdad sobre la masacre de El Mozote es ampliamente conocida y reconocida por la documentación que hicimos desde Radio Venceremos y que fue confirmada por corresponsales del New York Times y del Washington Post que invitamos a la escena del crimen. Queda establecida, desde enero del 1982, que la masacre fue cometida por tropas del batallón Atlacatl bajo órdenes del teniente coronel Domingo Monterrosa. Este oficial, junto con buena parte de los oficiales involucrados en el operativo en El Mozote, pagó con su vida, cuando la guerrilla del ERP derribó su helicóptero en el municipio de Joateca, el 23 de octubre del 1984. Es por eso que, a mi criterio, en el caso de El Mozote ya se hizo justicia y ya se estableció la verdad, pase lo que pase en el juicio en Gotera.
Pero esto no significa que no sea necesario que en este y en otros casos la Fuerza Armada abra sus archivos para ser examinados, sea por jueces o por investigadores académicos y periodísticos.
La Fuerza Armada no debería esperar que jueces ordenen que se abran ciertos archivos, sino que debería tomar la iniciativa de abrir todos los archivos de la guerra, como aporte a la reconciliación nacional. El argumento que dar acceso a los archivos militares de la guerra del 1981 al 1992 pondría en peligro la seguridad nacional es tan absurdo que ningún soldado digno de su profesión debería usarlo.
Obedezcan, como buenos soldados, a la ética profesional y a la justicia civil. Así, y sólo así, se darán a respetar.
Saludos, Paolo Lüers