Carta sobre otro 0:2 entre Fiscalía y defensa

Por Paolo Luers
Periodista

Abr 24, 2019- 18:11

Podría hoy repetir literalmente la carta que publiqué el 8 de agosto 2018 sobre el primer día del juicio contra la tregua. Porque ayer otra vez fue el primer día del mismo juicio – de su repetición. En el 2018 lo perdió la Fiscalía y todos los 19 acusados fueron absueltos, pero logró que la Cámara anulara el juicio y ordenara su repetición.

Lo espectacular del arranque del juicio en agosto pasado fue que la Fiscalía presentara dos testigos prominentes (monseñor Fabio Colindres, el que fue mediador, y el general Francisco Salinas, el que fue director general de la PNC). Los fiscales abrieron con ellos para conseguir goles tempranos porque supuestamente iban a testificar en contra de la tregua y los acusados. Pero ambos, hablando con todo el peso de su trayectoria, los defendieron. Por esto le puse 0:2 en el titular.

Exactamente lo mismo pasó ayer. Y era lógico. El mismo juicio, con las mismas acusaciones manipuladas, con los mismos fiscales, con los mismos testigos, con la misma ausencia de pruebas, con los defensores ya prevenidos, ¿en qué va a terminar? En lo mismo.

Aunque los fiscales trataron de sacarles lo contrario, tanto monseñor Colindres como el general Salinas establecieron que el proceso de pacificación y reducción de violencia popularmente bautizado “la tregua” fue una política oficial del gobierno, conducida por el gabinete de Seguridad, y que tanto el presidente Funes como el fiscal general (primero Barahona, luego Luis Martínez) estuvieron informados sobre cada paso de su implementación. Según monseñor, “la tregua fue exitosa hasta que llegó Ricardo Perdomo al ministerio de Seguridad…”,

Entonces, si fue así, ¿cómo los diferentes funcionarios públicos que implementaron este plan pueden ser acusados de “agrupación ilícita”? ¿Acaso el Gabinete de Seguridad es una agrupación ilícita?

A monseñor Colindres, que acompañó a Raúl Mijango (uno de los acusados principales) en sus visitas a los penales para dialogar con los cabecillas de las pandillas, lo interrogaron durante más de una hora para encontrar comprobación para el delito de “introducción de ilícitos a los penales”, pero lo único que encontraron fue la confirmación que introdujeron pizza y pollo, porque una reunión alrededor de una mesa con comida siempre crea un ambiente más propicio para construir confianza. 0:1.

Al general Salinas le querían sacar la confesión que había perdido el control sobre los dos inspectores de la PNC que comisionó para participar en el proceso de pacificación y mediación, y que ellos actuaron y delinquieron por propia cuenta. Pero lo que le sacaron al general fue que los dos cumplieron complicadas y peligrosas misiones de inteligencia policial, que sirvieron de mucho para la dirección de la policía. 0:2.

Raúl Mijango ya está condenado en otro caso penal (un caso donde interpretaron su labor de mediador entre una empresa y sus extorsionistas como complicidad, a pesar de que esta labor la inició a petición de la empresa). Este caso está en revisión. Ayer lo trajeron al juzgado, siempre en uniforme de interno. Y lo que manifestó a la prensa fue esto: “Me están acusando de haber servido de mediador salvando unas 6 mil vidas. Si de algo estoy orgulloso en mi vida, es de esto. Si por esto voy a estar en la cárcel, así será”.

Todos los que estaban ayer en esta sala del juzgado especializado A sintieron la repetición como un trámite tedioso. Hasta los dos fiscales nunca perdieron la cara de aburrimiento que uno pone cuando le tan una tarea sin sentido.

Va a ser aun más aburrido en los próximos días, cuando van a desfilar un montón de testigos que ya en la primera vista pública resultaron incapaces de aportar pruebas.

Se volverá a poner interesante al final, con dos testimonios: el de “Nalo”, el jefe pandillero convertido en testigo criteriado estrella de la Fiscalía, y el del único testigo que llamará la defensa, el general David Munguía Payés. El primero con un relato sobre teléfonos introducidos al penal que resultará inútil, porque estos aparatos ni siquiera existen en los registros oficiales de decomisos y mucho menos como ‘cuerpos de delito’.

Al final, al juez no le quedará otra que absolver a los 19 acusados, porque quedará comprobado que actuaron cumpliendo con una política oficial de su gobierno y porque no hay ni una sola prueba de que en este contexto hayan cometido delitos.

Saludos, Paolo Lüers

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