¿Cómo pueden pasar errores tan graves como el que cometió el gobierno en la actual crisis del agua? Teniendo mecanismos independientes de supervisión.
ANDA se clasifica como una institución autónoma, igual que CEL, CEPA y el Seguro Social, pero en la práctica no tienen ninguna autonomía del gobierno y de Casa Presidencial. Deberían ser dirigidas por profesionales y con un sentido de independencia profesional, académica y gerencial, y supervisados por Juntas Directivas o instituciones reguladoras independientes del Ejecutivo y representativas de la sociedad y su academia. Pero de hecho son parte orgánica del Ejecutivo, subordinados directamente a sus prioridades y sus líneas de comunicación.
Así como las entidades y empresas financieras están sujetas a supervisión y normas establecidas, no por Casa Presidencial sino por la Superintendencia del Sistema Financiero, ANDA debería ser supervisada por una entidad técnica. ANDA es (o debería ser) apolítica y debería estar lo más lejos posible de las instancias políticas.
Si además los ministerios de Salud y Medio Ambiente, que tendrían que haber actuado como correctivo de las equivocadas decisiones de ANDA en la crisis de contaminación de del agua potable, tampoco ejercen sus tareas de control con criterios independientes, sino igualmente supeditados al manejo político y comunicacional de Casa Presidencial, entonces es lógico que pasen errores y entremos en crisis. Ni Salud ni Medio Ambiente hicieron las pruebas pertinentes al agua, tanto en Las Pavas como en las comunidades que recibieron agua contaminada.
A los que hemos señalado críticamente los errores de ANDA inmediatamente nos sacaron el fantasma de siempre: ¡quieren privatizar el agua!
Y ahí estamos de regreso en el interminable debate (pleito) sobre la Ley del Agua, y en particular sobre la entidad reguladora que hay que constituir para todo relacionado con el agua. ¿Quién va a supervisar al gobierno que mediante ANDA controla la producción y distribución del agua potable?
Este debate rápido cayó en el cauce del pleito entre público y privado, estatismo o privatización y ahí normalmente se mueren los debates, sea sobre el agua, sea sobre las pensiones, sea sobre la salud o el transporte público.
Hay que decirlo con claridad: nadie ha exigido en serio privatizar el agua, ningún partido, ninguna gremial empresarial. Pero la propuesta de incluir en el futuro entre regulador al agua representantes del sector privado, a la par del sector estatal y la academia, sigue siendo interpretada y diabolizada como apetito de privatización.
Regresando a nuestro actual problema, que es la absoluta ausencia de revisión y supervisión independientes y profesionales sobre ANDA, podemos aclarar una cosa que tal vez sea importante cuando se retome la discusión sobre la Ley del Agua y el ente regulador: Lo importante no es que los que participen en la supervisión de un asunto tan estratégico como el agua sean estatales o privados. Solo importa que sean independientes y no supeditados a manejos políticos y propagandísticos del gobierno de turno.
Si el gobierno logra que los ministerios de Salud y Medio Ambiente puedan actuar con independencia, parte del problema se puede resolver. Si la UES logra que sus institutos de investigación actúen científicamente y libres de criterios políticos, mejor aún. Si el sector privado puede aportar capacidad profesional, bienvenido. Entre todos se puede armar una entidad reguladora y supervisora de alta calidad y credibilidad.
Saludos, Paolo Lüers