Carta sobre el arte de dar cachetadas de payaso

Por Paolo Luers
Periodista

Jun 21, 2019- 20:00

Resulta difícil e impopular cuestionar la nueva ofensiva contra las pandillas, lanzada por el nuevo gobierno. La gente quiere que el Estado actúe contra la delincuencia, porque sufre de ella – y la respuesta más fácil de un gobierno es desplegar a soldados y policías adónde la gente los vea. Resulta que en este sentido el gobierno de Bukele no es diferente a los gobiernos de Paco Flores, Toni Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Hace exactamente lo mismo.

Y ahí es donde precisamente comienzan las dudas. Es una verdad innegable que el Estado ha perdido control de buena parte de su territorio, y que esto es el origen del problema de la violencia y del poder de las pandillas – y todos los presidentes mencionados la han enfrentado equivocadamente.

El vacío que dejó el Estado abandonando las comunidades marginales urbanas y rurales no se llena con miles de policías y soldados invadiendo los territorios con fusiles, ametralladoras y tanquetas. Se llena con escuelas y profesores; con centros de salud, doctores y enfermeras; con canchas y entrenadores; con inversiones y jobs; con buenos servicios de agua, desagüe, de energía, de transporte y de comunicación; con fondos para cultura y deporte. Y también con una policía al servicio de la comunidad.

Lo que hasta ahora se ha visto del plan de seguridad del gobierno Bukele es más de lo mismo: Un gran despliegue de fuerza, multiplicada por el despliegue de propaganda – pero es una fuerza invasora que viene de afuera para tomar control, no una fuerza de seguridad que tenga arraigo en los territorios. La historia ha demostrado que esto no funciona contra una fuerza, como las pandillas, que nació, creció y vive adentro de las comunidades.

El presidente Bukele rompió ya con una de los discursos centrales de su campaña, que la violencia no se combate con la fuerza sino con inversión social y creación de empleos.

Rompió radicalmente con esta promesa y regresó al enfoque militar del problema: despliegues masivos, invasión y control militar de territorios en vez de transformación de barrios.

Para poder hacer esto, el nuevo gobierno tuvo que apostar a la continuidad y profundización de la militarización de la Seguridad, ya bastante avanzada en el último gobierno del FMLN. Militarización en sus dos dimensiones: prolongar, ampliar y profundizar la participación de la Fuerza Armada en todos los aspectos de seguridad; y crear dentro de la PNC unidades y procedimientos de carácter militar, en detrimento del concepto de policía comunitaria y comprometida con los derechos humanos y el desarrollo local.

Quien tiene dudas, cuando vea la foto que la Presidencia publicó de la reunión de planificación de su campaña ‘Control Territorial’: 4 coroneles de la Fuerza Armada y el único oficial policial es el comisionado Arriaza Chicas, cuya mayor experticia es la construcción de unidades militarizadas dentro de la PNC. No van a encontrar en esta foto a una sola persona que tenga vocación y experiencia en la reparación de los tejidos sociales de las comunidades afectadas por el abandono del Estado y la violencia. Más de lo mismo y más mano dura bajo la bandera de Nuevas Ideas…

Anunciaron que el plan ‘Control Territorial’, en su primera fase, se concentrará en 12 municipios: el centro de San Salvador, Santa Ana, Colón, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Mejicanos, Soyapango, Apopa, San Miguel, Ilopango, San Marcos y San Martín. Pero esta lista no coincide con la de los municipios con más índices de violencia y delincuencia. De los 12 municipios seleccionados, solo 4 figuran entre los 12 más conflictivos: San Salvador, San Miguel, Mexicanos, y Apopa. En cambio, varios de los municipios ‘líderes’ en violencia no está siendo tomados en cuenta: Quezaltepeque (#1), Nahuizalco (#2), Perulapán (#3), Usulután (#7), Jiquilisco (#9), Izalco (#10) y Chalchuapa (#11). ¿Por qué razón darle prioridad a Soyapango, que a pesar de su mala fama solo ocupa el lugar #25 en el rating de violencia, Ilopango (#25), San Marcos (#29) o Santa Tecla (#31)?

¿Será que esta incongruencia del plan ‘Control Territorial’ se debe a que los criterios y objetivos con los cuales fue diseñado no son técnicos, sino prioritariamente de comunicación e impacto mediático? ¿Se trata de cachetadas de payaso?

Saludos de Paolo Lüers

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