Diputados:
Quebrándome la cabeza estoy, tratando de encontrar la forma de argumentar con ustedes. Argumentar es un oficio racional, y ustedes sólo muestran irracionalidad. Argumentar tampoco funciona sin disposición a escuchar, y resulta que ustedes no escuchan a quienes no comparten sus creencias, sino que los insultan, los tratan de callar, les tergiversan sus palabras. Me consta, porque estuve de testigo en una de sus comisiones de inquisición política.
Argumentar se puede sobre hechos y convicciones, pero ustedes tienen irrespeto por la verdad, y en vez de convicciones tienen creencias.
De todos modos voy a tratar de argumentar con ustedes. No hay que darse por vencido antes de hacer el intento.
Ustedes citaron al padre Andreu Oliva, rector de la UCA, a declarar sobre los fondos públicos que esta universidad ha manejado. Esto en sí no es nada ilegítimo. Ni la UCA ni su rector, por más jesuita que sean, están exentos de la rendición de cuentas. Si la institución idónea para revisar estas cuentas es una comisión especial del Legislativo o más bien otra institución menos politizada, será sujeto a una discusión constitucionalista. Ya que ahora, lamentablemente, todas las instituciones son politizadas y sujetas a los intereses de poder del presidente, no haría mucha diferencia delegar esta revisión de cuentas a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas o a un juzgado. Digamos, entonces, ustedes como diputados pueden ejercer esta función de contraloría.
Lo que no es legítimo es que el rector de testigo se convierta en acusado, incluso antes de haber sido escuchado. Y también después de ser escuchado, porque ustedes no escucharon, no quisieron escuchar, sino juzgar. Pero para juzgar ustedes no tienen ninguna autoridad legal, ni mucho menos moral.
Para investigar -que teóricamente es la tarea de una comisión especial- se necesita cumplir con ciertos requisitos: capacidad intelectual, conocimiento del asunto a investigar, e imparcialidad. Ustedes no cumplen con ninguno de estos tres requisitos. “Si un diputado no puede entender la diferencia entre una donación y un convenio de prestación de servicios, no está apto para su cargo”, escribí en Twitter, luego de ver el interrogatorio al padre Oliva.
Agrego: Si los diputados, luego de recibir tres veces una explicación racional de un profesor, siguen acusando a la UCA de que recibió donaciones del Estado, que las usó para financiar su funcionamiento como universidad, y que con los excedentes hizo inversiones, la ignorancia se casa con la mala intención, una mezcla fatal para la cultura política y la seguridad jurídica.
De lo que el padre Oliva les explicó, quedó cristalinamente claro que la UCA maneja un presupuesto operativo para su labor de docencia e investigación y para su infraestructura y su mantenimiento, y que este presupuesto lo cubre con las cuotas que cobran a las familias de sus estudiantes, por donaciones de privados y con las ganancias que rinden sus operaciones económicas e inversiones. Esto es así en cualquier universidad privada: en la UCA, en Harvard, en Oxford... Y sobre esta parte de las finanzas de la UCA, su rector no le debe ninguna explicación a la Asamblea Legislativa.
Ni siquiera ustedes son tan tontos para no entender que los fondos estatales destinados a proyectos del Ministerio de Educación, para los cuales la UCA prestó servicios profesionales, no tienen nada que ver con el presupuesto de funcionamiento de la universidad, ni mucho menos con sus inversiones. La UCA no recibió donaciones ni subvenciones del gobierno, sino que prestó servicios. El problema es que hubo una decisión política de no entenderlo y de sostener durante la audiencia y en todas las entrevistas posteriores lo contrario. Ahí adquiere relevancia lo que el padre Andreu les dijo: “Igual que yo como testigo, ustedes están obligados a decir la verdad”.
Todo esto no significa que uno no puede cuestionar a la UCA, sus criterios para becas, las cuotas diferenciadas, su docencia, sus investigaciones, sus publicaciones, etc. La UCA, como cualquier otra universidad, no es una vaca sagrada que no se puede someter a investigación y crítica. Pero esto no es competencia de la Asamblea, sino de la sociedad civil, de la academia y de los estudiantes.
Ustedes se arrogan facultades que por ley no tienen. Y lo que sí les toca hacer, lo hacen con vicios de arbitrariedad e incompetencia intelectual.
Saludos, Paolo Luers