Así de repente como se dispararon los homicidios la semana pasada, a los tres días se redujeron a cero. Se podría describir de otra manera: Alguien tiene un switch para encender y apagar la maquinaria de la violencia. Así de fácil como encender o apagar la luz.
No me vengan con la paja de que unos decidieron aumentar la violencia y las autoridades de Seguridad luego la sofocaron. Nadie cree esto. Nos querían incluso vender que “fuerzas oscuras” de la oposición política provocaron la ola de homicidios. Es ridículo, ya que desde mediados del 2019 funcionarios del gobierno Bukele tienen negociaciones sostenidas con las pandillas. Como son secretas, no se sabe a qué acuerdos llegaron y cómo funcionan los mecanismos de mantener tan bajo el número de los homicidios. No tiene sentido especular, pero nadie tiene duda que existen acuerdos y mecanismos.
¿Entonces, quién tiene el switch?
En el 2015, el switch lo tenían los mandamases en el gabinete de Seguridad del presidente Sánchez Cerén, el ministro de Seguridad Benito Lara y el jefe de la PNC de entonces, el comisionado Mauricio Landaverde. Ellos no sólo decidieron desarmar todos los mecanismos de mediación que desde marzo 2012 habían funcionado para facilitar que las pandillas mantuvieran la tregua entre ellos y con las población civil de los barrios, también decidieron pasarse a la guerra total contra las pandillas. Saltaron las bestias. Dejaron manos libres e incluso apoyaron a los grupos de exterminio y ordenaron operativos de característica militar contra las pandillas. Ordenaron operativos que ya no eran para prevenir y capturar, sino para producir enfrentamientos, atacar con tácticas militares y aniquilar. Las pandillas respondieron con una ola de asesinatos de policías y soldados, y ya no hubo quien parara la escalada de venganzas. Esto es lo que causó las matanzas del 2015 y 2016. La ola de violencia se mermó cuando ambos lados entendieron que nadie podía beneficiarse de la confrontación militar.
Pero, ¿quién maneja el switch ahora? ¿Qué y quién decide aumentar y luego apagar la ola de violencia? Difícil saber. No sólo por la falta de transparencia de la política de Seguridad del gobierno de Bukele, sino porque el asunto se ha vuelto mucho más complejo. Ya no es un switch que alguien puede bajar y subir. La explicación del sube-y-baja del activar pandillero más bien reside en el complicado mecanismo con el cual manejan los acuerdos los líderes de las pandillas y los responsables del gabinete de Seguridad. Y este mecanismo no lo conocemos.
Muchos han interpretado que los números de homicidios se han vuelto fichas en el póquer de negociación. Yo tampoco veo otra explicación. No puede ser un temporal lapso en el control territorial y luego de repente la recuperación del mismo, como nos quieren contar. Estos fenómenos no se dan de un día a otro. Y de todas formas, ¿cuál Plan Control Territorial? Ya todos sabemos que no existe y que son otros los factores que determinan si en una zona -o en todo el país- reina tranquilidad o violencia.
Las pandillas no aumentan los homicidios así no más, sólo porque a alguien se le ocurra. Si reactivan la violencia, es porque es parte de la permanente negociación sobre los límites de control que el Estado cede a las pandillas y sobre el control que las pandillas conceden a la Policía. Por ejemplo: “No pueden cometer homicidios, pero toleramos las extorsiones”. O al revés: “Policías o soldados pueden desfilar lo que quieran por nuestros barrios, pero no hacer capturas a la loca, que no sean provocadas por nuestra gente saliéndose del guacal”.
Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el guacal y cómo se administra? ¿Qué pueden los pandilleros hacer sin encontrar represión de las autoridades? ¿Y qué pueden hacer la PNC y el ejército sin provocar ataques de las pandillas?
Mientras no haya transparencia y un debate nacional sobre la seguridad pública, sus metas y métodos, no vamos a tener respuestas a ninguna de estas preguntas. Es hora de exigirle al gobierno que rompa el secretismo y la conspiración y defina políticas públicas de seguridad.
No puede haber políticas públicas si los principios y las metas no son transparentes.
Saludos, Paolo Luers