Estimado Raúl Melara:
Entiendo que para cualquier fiscal general es complicado hacer caer el peso de la ley a los gobernantes o sus ministros mientras estén en el poder. Por eso, usualmente son enjuiciados luego de salir del gobierno.
También entiendo que para usted como fiscal es delicado acusar a ministros o candidatos en medio de una campaña electoral ya en desarrollo. Siempre existiría la sospecha que está interfiriendo en el proceso electoral. Por eso, aunque haya suficientes elementos para abrir juicios contra difamadores como Walter Araujo, o contra funcionarios cuestionados por corrupción como el Dr. Alabí, o contra ministros que no han cumplido con obligaciones legales como el de Hacienda, entiendo que ha evitado presentar acusaciones contra ellos.
Pero hay un caso donde no debería perder más tiempo para judicializarlo: el caso del director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza. Si no procede con todo el peso de la ley contra Arriaza, su Fiscalía se quedará sin el órgano auxiliar que necesita para cumplir sus funciones. Usted no puede tolerar que el jefe de la PNC, se niegue a cumplir las instrucciones que le da la Fiscalía. Usted tampoco puede tolerar que el jefe de la PNC le niegue la colaboración a una Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa cuando requiere que un funcionario que fue citado a declarar se niegue a presentarse.
Usted no puede tolerar que el jefe de la PNC dé protección a una turba que bloquea el acceso al relleno de desechos sólidos en Nejapa, creando un caos sanitario en la capital, en vez de dar protección y garantizar el paso libre a los camiones de la alcaldía y sus motoristas. Tampoco puede tolerar los actos ilegales del jefe policial durante el asalto militar a la Asamblea, el 9 de febrero. Las declaraciones del diputado Cardoza indican claramente que Arriaza facilitó ilegalmente el ingreso de las unidades militares al Salón Azul.
En el caso del director general de la PNC, está en juego su propia autoridad como fiscal general. Si no actúa, ¿en quiénes se va a apoyar la Fiscalía para que se hagan las investigaciones y las detenciones que manda? Usted tiene que garantizar que la PNC cumpla sus obligaciones legales como cuerpo auxiliar de la Fiscalía General. Si no lo hace, a usted mismo lo pueden acusar de omisión de deberes.
Es bien probable que en todos los casos mencionados el director general de la PNC haya actuado bajo órdenes del ministro de Justicia y Seguridad o incluso del presidente de la República. Pero esto no le protege de las consecuencias penales de su actuación. Las órdenes ilegales no se acatan. Si en la investigación fiscal o en el juicio el comisionado decide testificar contra quienes le dieron las órdenes ilegales que le hicieron violar las leyes, es su pleno derecho y ganancia para la justicia…
Si usted presenta cargos al director general de la PNC, al presidente no le quedará otra que sustituirlo. Sería el caso ejemplarizante para mostrar a todos los funcionarios del Ejecutivo que no están por encima de la ley, y que sus actuaciones ilegales pueden tener consecuencias penales, aunque no necesariamente en medio de la coyuntura electoral.
Estamos pendientes de su actuación.
Saludos, Paolo Luers