Estimados magistrados de la Corte de Cuentas y la Corte Suprema, fiscales, diputados, periodistas y organizaciones ciudadanas anti corrupción:
A todos ustedes, cada uno con sus facultades y capacidades, les compete monitorear y controlar el gasto público. Uno de los rubros es el gasto creciente del gobierno en publicidad y propaganda, tanto el gasto declarado como, y sobre todo, el encubierto.
Siempre he sostenido que el diario oficialista que ha creado el gobierno Bukele no es sujeto válido de observación, ni siquiera de crítica, de su producción editorial, de su aporte al periodismo y la cultura. Pero sí debe ser sujeto de nuestro escrutinio de malversación de fondos públicos. Como producto editorial el ‘Diario El Salvador’ es tan irrelevante como las publicaciones de publicidad comercial que reparten en los supermercados, pero como expresión de corrupción es relevante.
Por tanto, analizar o denunciar el extraño manejo de la verdad que hace este medio no tiene sentido, pero es necesario analizar, describir y eventualmente llevar a juicio sus formas ilegítimas de financiamiento. Invito a todos ustedes a no evadir esta responsabilidad.
Esto lo he sostenido como regla para mi labor, pero también en discusiones con colegas periodistas, editores y columnistas. Jamás comentaré las (des)informaciones y opiniones difundidas en este boletín, porque caen por su propio peso. Nunca un diario oficialista (de un gobierno o partido) tiene credibilidad, y peso solamente cuando una dictadura le crea un monopolio prohibiendo medios independientes.
Pero ayer la voz oficial del gobierno y del partido de Bukele publicó una nota, por cierto en portada, que sí merece comentario en el rubro corrupción o malversación de fondos. “El ‘Diario El Salvador’ tendrá la mayor circulación en el país”, dice el titular, y luego se “informa” que “a partir de mañana, el tiraje del periódico será cuadruplicado”.
¿Tiraje cuadruplicado? Cualquiera que conoce la industria de periódicos impresos y los enormes retos que enfrenta un sistema de circulación sabe que esto solo será posible si se cuenta con una subvención sustancial y permanente. Cualquier inversionista privado se plantearía un aumento de su tiraje y una ampliación de su sistema de circulación gradual, dependiendo principalmente del crecimiento gradual de sus ingresos por venta de anuncios. Pero para el gobierno esto no es ningún problema, ya que en este caso la subvención proviene de fondos públicos. El único problema para ellos es cómo esconder y disfrazar estos gastos indebidos dentro del caos que -para este fin- han creado en el manejo de sus presupuestos.
Ya que operan con fondos públicos, se dieron el lujo de fijar el precio de venta al público de su impreso al 50% de sus competidores comerciales e independientes. Y como piquete publicitario, generosamente anunciaron que el 100% de sus ingresos por circulación se queda en manos de sus distribuidores y no del periódico. Bien “galán” ser generoso con fondos públicos.
Entonces, no recibirán ni un centavo de la venta de sus productos. Y el otro producto que vende un periódico, los anuncios, casi en su totalidad se limita a publicidad gubernamental. O sea, casi la totalidad de sus costos de producción (redacción e impresión) proviene de fondos públicos, sin que exista una ley que respalde estas derogaciones.
Es la responsabilidad de todos ustedes, sobre todo de las instancias estatales que tienen que ver con el presupuesto y su ejecución, con malversación y corrupción, investigar cómo este gobierno disfraza fraudulentamente el financiamiento de la propaganda oficialista y partidista.
Saludos, Paolo Lüers