Superación de veto a reformas de la ley de Fiscalía queda en el limbo ante falta de magistrados

El presidente Sánchez Cerén decidió devolver el decreto a la Corte Suprema de Justicia, pese a que los diputados aún no han elegido a los magistrados

Munguia Payes en Fiscalia
Foto EDH / Archivo / Foto Por Mauricio Cáceres

Por William Hernández / R. Tejada

Oct 23, 2018- 16:57

El gobierno de Salvador Sánchez Cerén decidió hacer uso de su último recurso ante la superación del veto al decreto de la Unidad Financiera de la Fiscalía General de la República por parte de la Asamblea Legislativa y lo ha enviado a la Corte Suprema de Justicia, que deberá enviarlo a la Sala de lo Constitucional, para que defina si es o no constitucional. El proceso tiene un vacío: hasta la fecha no hay magistrados electos.

Por ello, el decreto que da autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, y que es vital para que el país ingrese de nuevo al grupo mundial de la lucha anticorrupción, se quedará estancado debido a que no hay magistrados que conformen esa Sala, deliberen y resuelvan recursos. Dicha instancia cumplió ya 100 días sin magistrados.

El anuncio fue hecho el lunes por el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, al señalar que el presidente Sánchez Cerén devolverá el decreto que superó el veto a la Corte Suprema de Justicia para que en esa instancia resuelva la supuesta inconstitucionalidad.

“El presidente, como lo dice la Constitución, ha decidido que la Corte Suprema de Justicia dirima un conflicto entre dos Órganos. Será la Corte la que decida. Si ellos establecen que esa reforma es constitucional, el Presidente seguramente lo va sancionar”, justificó Lorenzana.

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El secretario de Comunicaciones añadió que el presidente Sánchez Cerén remitirá a la Corte Suprema el decreto aprobado por los diputados junto con sus argumentos del por qué lo considera inconstitucional la reforma del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

“Este día (lunes) se vence el plazo para que el presidente lo remita a la Corte de Suprema. No tiene otro camino. Quienes recomienda que la sancione están pidiendo que viole la Constitución”, argumentó.

El 17 de octubre pasado la Asamblea Legislativa logró superar el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a las reformas de la ley orgánica de la Fiscalía, y por el cual el país fue sacado del grupo Egmont, organización que comparte información con más de 100 países para investigar el delito de lavado de dinero y activos.

Para los diputados Rodolfo Parker, del PDC y Antonio Almendáriz, del PCN, Sánchez Cerén actuó conforme a la Constitución, la cual le mandata a enviar el decreto superado a la sala Constitucional, y por ende los obliga a apurarse a elegir a los magistrados de la Corte Suprema.

Según la Constitución, si el Presidente envía el decreto superado a la Sala, esta tiene 15 días para emitir una resolución, pero como no hay magistrados y la posibilidad de que sean electos en ese lapso de tiempo es una incógnita, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional Rodolfo González ha expresado que “el tenerlo empantanado puede convertirse hasta en un incentivo perverso para que el partido del gobierno retrase aún más la elección de magistrados para que este tema no sea resuelto por la Sala”.

El periodo para que Sánchez Cerén opine o avale la superación del veto legislativo terminaba este 23 de octubre, ya que la Constitución habla de tres días hábiles.

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