Agentes de la Policía no tienen acceso a base de datos de delincuentes desde hace más de un mes

Las bases de datos les sirven, por ejemplo, para checar de inmediato si una persona tiene órdenes de captura y por qué delitos.

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El paradero de una de las víctimas privadas de libertad aún se desconoce. Foto EDH / archivo / Foto Por Foto referencia

Por Jorge Beltrán

2021-10-06 10:11:25

Desde hace más de un mes los policías no pueden entrar directamente y de inmediato a las bases de datos, denominada Imperium e Indicium Core Services, donde está actualizada la información sobre personas con órdenes de captura, pandilleros con procesos judiciales o vehículos con reporte de hurto o robo, confirman fuentes policiales de nivel básico.

Esa restricción está desde el pasado 1 de septiembre, cuando supuestamente el sistema de bases de datos de la Policía Nacional Civil (PNC) fue vulnerado, luego de lo cual comenzó a circular en redes sociales, información personal de cientos de agentes policiales, tales como su número de DUI y lugar de trabajo, entre otros datos.

La Policía en ese momento dijo que su sistema de bases había sido hackeada y de inmediato desactivó muchas de sus aplicaciones de comunicación interna, incluyendo los sistemas Imperium e Indicium Core Services, los cuales contienen antecedentes de personas y vehículos, además de estadísticas de detenciones, homicidios y otros delitos, explicaron las fuentes.

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“Hoy podemos tener a un pandillero con una o diez órdenes de captura o que anda en un carro robado pero no tenemos manera de saberlo de inmediato. A mí me parece que es parte del compadre hablado del gobierno con las pandillas”, afirmó una de las fuentes.

La desactivación del acceso al Sistema Indicium Core Service afecta sobre todo a los miembros de la corporación policial de nivel básico, que son quienes realizan patrullajes todos los días y que cuando requisan a alguna persona deben gastar su saldo para llamar al Sistema de Emergencia 911, puesto que desde el pasado 1 de septiembre, el acceso a esas bases de datos fue centralizado, aseguran.

Las fuentes afirman que la institución emitió un memorando en el que explicaban que, a raíz de la vulneración de los sistemas de información, desde el 3 de septiembre pasado, las bases de datos serían manejadas totalmente por personal de la Unidad de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (UTIT).

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De acuerdo con las fuentes policiales, actualmente cuando realizan patrullajes y requisan a una persona, para saber si tiene órdenes de captura o si el vehículo o el arma que porta, si es el caso, no tiene reporte de robo o de hurto, deben utilizar el saldo de su celular para llamar al Castillo, es decir, al cuartel central de la PNC, que es donde funciona la UTIT.

Otros agentes policiales afirmaron que deben realizar las llamadas a las delegaciones de utilizando su propio saldo para que desde allí se realicen las gestiones y así obtener información sobre una persona, vehículo o arma de fuego.

“Nos toca gastar el saldo de nuestros teléfonos”, denunció un agente policial. También en el sistema de emergencias 911 está un operador de la base de datos que es quien nos dice. Pero a veces el baboso no contesta, a veces dicen que están comiendo, a veces dicen que están saturados, pero lo que pasa es que ya es compadre hablado”, se quejó el jefe de un puesto policial de la zona oriental que pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

Inacceso beneficia a pandillas

Las fuentes sospechan que negarles el acceso directo a las bases de datos podría ser una forma de beneficiar a los miembros de pandillas para que estos se desplacen con más tranquilidad sabiendo que los policías no tienen forma de saber de inmediato los datos sobre ellos o de los vehículos que suelen conducir.

“Uno no puede mantener a las personas (que requisan) 10, 20 o 30 minutos ahí parados, entonces uno las deja ir. Ya ha habido casos de gente que se ha dejado ir y que tienen orden de captura. Hasta después hablan y le dicen que el fulano tiene orden de captura”, comentó un cabo.

Un jefe policial consultado también confirmó que desde principios de septiembre se tiene esa dificultad en el terreno. “Cuesta más obtener información. Todo tiene que ser a través del Castillo (cuartel central de la PNC) y allí depende de cómo estén saturados. El tiempo de espera puede ser de 15 hasta 30 minutos”, afirmó el oficial de nivel ejecutivo coincidiendo con sus colegas.

Por su parte, el director general de la PNC, comisionado Arriaza Chicas, afirmó en una entrevista, según el matutino La Prensa Gráfica, que están realizando una investigación interna y otra en colaboración con la Fiscalía General de la República, para encontrar a los responsables del hackeo al sistema de datos de esa institución.

De momento, la PNC no ha informado que haya realizado detenciones sobre el caso, a pesar de que ya ha transcurrido un mes.

Estas acciones del gobierno en turno, señalado de negociar con pandillas como sus antecesores, abren a sospechas. Una de esas acciones ocurrió el pasado 21 de mayo, cuando diputados de la bancada de Nuevas Ideas mandaron al archivo la iniciativa de Ley de registro de grupos criminales organizados y pandillas. Fue una de las primeras acciones que el partido oficialista, que son mayoría en el Órgano Legislativo, realizó.

El periódico El Faro ha publicado varios reportajes en los que ha puesto en evidencia las negociaciones entre el Gobierno de Nayib Bukele y grupos de pandillas con el fin de mantener bajos los índices de homicidios.

El último de ellos incluyó, entre otras evidencias, una serie de imágenes en las que se ve al director de Centros Penales, Osiris Luna, conduciendo a hombres con rostros cubiertos y algunos hasta con guantes, en los pasillos de prisiones. Según El Faro, estos fueron ingresados por la administración para facilitar reuniones con otros cabecillas de pandillas que están presos.