La Unidad de Inteligencia del prestigioso periódico The Economist pronostica que la relación entre la deuda pública de El Salvador con su PIB (Producto Interno Bruto) superará el 97% en 2022, lo que refleja una moderada actividad económica y un gran déficit fiscal y pondría en dificultad alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El análisis presentado por el grupo de profesionales destaca que hay una fuerte recuperación económica en 2021 que será beneficiosa, pero no creen que el gobierno asegure un acuerdo de préstamo con el FMI en el corto plazo, lo que supondrá un retroceso fiscal y una presión sobre las perspectivas de financiamiento para el país.
En cuanto al riesgo del sector bancario, consideran que los indicadores de solidez financiera son razonables y el crecimiento de los préstamos ha sido resistente, pero ven un riesgo en la adopción del Bitcoin, ya que una segunda moneda de curso legal es un riesgo significativo para la calificación del sector bancario.
Además, señalan que al alto nivel de deuda pública se suma la alta dependencia del sector de la maquila y remesas de salvadoreños residentes mayormente en Estados Unidos, quienes son vulnerables a las condiciones de la economía estadounidense, lo cual seguirá pesando en la calificación de riesgo de la estructura económica de El Salvador.
Sobre las relaciones entre la administración de Nayib Bukele y EE.UU., los analistas vaticinan que seguirán deteriorándose en los próximos tres meses, a pesar de la importancia de la economía estadounidense para el país.
“Estados Unidos es el principal comercio de El Salvador y socio inversor y hogar de 1.7 millones de salvadoreños, cuyas remesas son un pilar de la economía local”, destacan los expertos. Añaden que la administración de Joe Biden ha sido cada vez más crítico con las medidas de mano dura de Bukele y que el distanciamiento es más evidente luego de que este mes Estados Unidos publicó la Lista Engel, donde se incluyó a varios funcionarios del Gobierno de Bukele.
“Además, en cuanto a la sustitución del Supremo (Sala de lo Constitucional) del país y el fiscal general en mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que trabajaría con El Salvador para preservar los estándares democráticos y reforzar la división de poderes”, dice el análisis.
Y apunta que prueba de la tensa relación es la reorientación de $60 millones de la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID) que destinaba a instituciones estatales, ahora vayan a grupos de la sociedad.
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