En momentos en que la economía ha entrado en recesión y cientos de empresas han tenido que reducir operaciones, despedido a personal o cerrado por completo, el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitará a la Asamblea Legislativa que suba del 5% al 8% el pago de la “Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia” (CESC) para los grandes contribuyentes.
Este cobro a la seguridad, dirigido a grandes empresas, fue creado junto con otra contribución, también del 5%, dirigida a la población en general para financiar los planes de seguridad durante la administración de Sánchez Cerén.
Durante casi cinco años los salvadoreños han pagado un 5% del impuesto CESC al obtener servicios de telefonía o comprar dispositivos o accesorios.
Sobre este impuesto hay cinco demandas de inconstitucionalidad que aún no han sido resueltas en la Corte Suprema de Justicia pese a que la ley están a punto de morir.
Zelaya explicó que la medida aplicaría para las empresas que tienen ingresos arriba de los $500,000 y que presentarán un “pequeño incremento” a la contribución directa que ya hacen. “Es un impuesto directo”, remarcó.
Impuesto del 5 % a los servicios de telefonía vence el 4 de noviembre y ciudadanos ya no lo pagarán
Sin embargo, el Proyecto de Presupuesto 2021 no ha contemplado esta contribución dentro de su plan de ingresos.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, al 30 de septiembre de este año el Gobierno ha recaudado un total de $33.9 millones en concepto de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) cobrado a los ciudadanos y $80.4 millones en impuestos a la seguridad ciudadana provenientes de los grandes contribuyentes.
El año pasado la recaudación total proveniente de las grandes empresas fue de $73.7 millones y $55 millones del CESC que pagan todos los ciudadanos.
Caída económica
La medida se anuncia en momentos en que la economía salvadoreña muestra un severo deterioro de su productividad. Los datos del Banco Central de Reserva muestran que al segundo trimestre del año la economía ha caído 19.2 %, explicado por una paralización de áreas claves como el comercio y la industria, lo que ha generado que más de 85,000 personas hayan perdido su empleo.
Y las proyecciones de caída económica también son negativas para el recién terminado trimestre (julio, agosto, septiembre), lo que haría caer al país en recesión.
Estado recaudó $121 millones extra en 2019 pero los gastos son más
El ministro Zelaya, por su parte, minimiza el impacto en la caída económica. “Tampoco hay que ser fatalistas”, dijo el funcionario, pese a aceptar que la economía caerá entre un 7.5 % y 8.5 % del PIB al cierre del año.
El funcionario tampoco cree que el aumento del impuesto a las grandes empresas pueda trasladarse posterioremente a los consumidores. “Esa será una estrategia empresarial, pero este es un impuesto directo que grava solo las ganancias”, afirmó.
Al preguntarle a la economista Carmen Aída Lazo sobre las repercusiones de este cobro, esta dijo que más allá del traslado a los consumidores, debe valorarse qué tan importante es este impuesto para efectos de la brecha fiscal que el gobierno tendrá el próximo año.
Según el ministro de Hacienda, para 2021 la brecha fiscal será de $1,342 millones que deberán obtenerse a través de financiamiento.
Para la economista, esta brecha requiere de una verdadera estrategia que permita cumplir con los objetivos de cerrar esa brecha lo más que se pueda.
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) afirma que el presupuesto del próximo año se ha creado con base a proyecciones de crecimiento muy optimistas, que no han tomado en cuenta la severa caída económica del país y los efectos que se podrían tener si ocurriera una segunda ola de contagio del COVID-19.
Para el economista, es necesario que el país trabaje una estrategia para no depender de la deuda, sobre todo la de corto plazo, por la que se va a pagar altas tasas de interés.
Esto está presionando aún más el riesgo país y podría complicar aún más las finanzas en los próximos años.
Castaneda señala, además, que en la región centroamericana El Salvador es el que tendrá la peor caída económica, en comparación a sus países vecinos.