Ante los riesgos de financiamiento para el próximo año, la calificadora Standard and Poor’s (S&P) degradó este jueves la perspectiva de El Salvador de "estable" a "negativa" y mantiene la calificación crediticia de largo plazo de "B-".
Sin embargo, esa categoría significa una advertencia ya que si el gobierno de Nayib Bukele no logra un progreso adecuado para llenar la brecha de financiamiento para 2022, S&P bajaría la calificación en los próximos seis a 18 meses, lo que complicará más las posibilidades de conseguir créditos fuera del país.
Según la actualización que dio a conocer la calificadora, "el déficit fiscal y la deuda de El Salvador se mantendrán altos a pesar de una fuerte recuperación económica, lo que sostendrá las grandes necesidades de financiamiento del gobierno".
Pero agrega: "La necesidad del gobierno de administrar los riesgos de refinanciamiento de la deuda elevada a corto plazo y de asegurar el financiamiento de un bono externo de $800 millones con vencimiento en enero de 2023, así como para los déficits fiscales, destaca los posibles riesgos de financiamiento".
La advertencia de la firma estadounidense al pasar la perspectiva de estable a negativa indica "la posibilidad de al menos una en tres de una rebaja en los próximos seis a 18 meses si el gobierno no logra un progreso adecuado para llenar su sustancial brecha de financiamiento en el próximo año".
Esta revisión de Standard and Poor’s sucede el mismo día que la calificadora de riesgo Fitch divulgó un análisis en el que señala que “El Salvador subestima las necesidades financieras en el Presupuesto 2022” y en el que sostiene que los pronósticos de ingresos para el otro año que maneja el gobierno “no son realistas”, pues no se apegan a las proyecciones de crecimiento del PIB, ya que calcula que el déficit podría estar más cerca de los $1,700 millones, lo que dista de los $498 millones que afirma el gobierno.
Fitch también indica que las perspectivas sobre un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son "altamente inciertas".
La calificadora S&P en su anterior revisión divulgada en abril de este año confirmó que mantenía la calificación de "B-" con perspectiva estable para el país, debido a que tiene expectativas de que El Salvador continuará recibiendo un importante apoyo externo en 2021 que le proporcionará liquidez y limitará el riesgo de refinanciamiento de la deuda soberana en los próximos 12-18 meses.
Pero en esa oportunidad también advirtió que podría rebajar esa calificación en los próximos 12 meses si el país enfrentaba dificultades para acceder a financiamiento de acreedores oficiales y mercados internacionales y si "no implementa acciones fiscales correctivas, lo que, a su vez, podría estresar las condiciones del mercado local”.
También, en julio de este año, la agencia Moody’s bajó la calificación a El Salvador y advirtió el riesgo para obtener créditos. En esa oportunidad degradó la calificación de B3 a Caa1 y mantuvo la perspectiva negativa, lo que dejó al país en la categoría considerada como "bono basura".
Uno de los motivos principales de rebajar la calificación, según indicó Moody's en un comunicado en ese momento, fuer en primer lugar que era probable que el acceso al mercado de la deuda soberana siguiera siendo limitado ante el exigente calendario de amortización de la deuda a partir de 2023.
“La limitada disponibilidad de alternativas de financiación para el país y la incertidumbre en torno a la posibilidad de obtener nueva financiación del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugieren que el Estado salvadoreño seguirá enfrentando presiones de liquidez en los próximos años, a pesar de la voluntad de las autoridades de promulgar medidas para lograr una mayor y gradual consolidación fiscal”, señaló la calificadora en julio.