El mismo día que entró en vigor la Ley Bitcoin, la misma que el gobierno promete que atraerá mucha inversión para el país, los principales acreedores de deuda de El Salvador mostraron nuevamente su desconfianza al vender los bonos salvadoreños a un precio más bajo, una tendencia que se ha mantenido así durante toda la semana.
Desde el martes y hasta ayer, los diferentes bonos de El Salvador cayeron entre 8 % y 15 %, hasta llegar a precios de $90, $87 y $75 por cada $100 invertidos, lo que a su vez, significa un mayor pago de intereses para compensar el riesgo que tiene hoy frente a sus acreedores.
Pero no ha sido la introducción de la Ley Bitcoin lo que ha ahuyentado a los inversionistas, sino más bien, la posibilidad de una reelección presidencial de Nayib Bukele y una impredecible situación fiscal debido a que el gobierno no concreta un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar sus finanzas.
En un artículo sobre El Salvador, el Financial Times reportó que pese que Bukele anunció la compra de 150 bitcoins el día que arrancaba la ley, “los comerciantes de bonos no quedaron impresionados”.
“El mercado se había fijado en las noticias sobre bitcoins”... pero “la noticia que realmente sacudió al mercado fue que (Bukele) manipuló las cosas para postularse para la reelección”, dijo Kevin Daly, director de inversiones de Aberdeen Standard.
El viernes 3 de septiembre, a última hora de la noche, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el presidente podría buscar un segundo mandato consecutivo, una decisión condenada por Estados Unidos.
El lunes, debido a que fue un día festivo en el país americano, los mercados bursátiles no abrieron y fue hasta el martes 7, justo al arrancar la Ley Bitcoin y el lanzamiento de la Chivo Wallet, que los inversionistas corrieron a vender a bajo precio los bonos de El Salvador.
“Se trata de la prima de riesgo de Bukele”, dijo Siobhan Morden, directora de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont, una firma de análisis financiero con sede en Nueva York, quien sostuvo, además, que el fallo de la corte había complicado las posibilidades de que El Salvador lograra un nuevo acuerdo con el FMI y asegurara el acceso a fondos externos muy necesarios para la economía.
“Todo es una toma de decisiones centralizada y él no está rodeado por un equipo de tecnócratas de primer nivel”, aseguró.
El FMI se ha opuesto a la adopción de bitcoin como moneda de curso legal, citando riesgos para la estabilidad financiera, la protección del consumidor y el medio ambiente.
“El costo más directo de la adopción generalizada de un criptoactivo como Bitcoin es la estabilidad macroeconómica. . . La política monetaria perdería fuerza. Los bancos centrales no pueden fijar tasas de interés en una moneda extranjera”, escribió Siobhan en julio.
Por su parte Ramiro Blazquez, estratega de BancTrust & Co., dijo a Bloomberg: “Es un riesgo puramente político, que creció después de la noticia de la reelección y no se había descontado”, refiriéndose a la caída en los precios de los bonos. “Aleja aún más el acuerdo del FMI y podría intensificar el conflicto diplomático con Estados Unidos”, agregó.
Siobhan recordó que El Salvador necesita entre $3,500 y $4,000 para financiar su déficit, cubrir los costos de la pandemia y refinanciar la deuda existente. Pero sus posibilidades de financiamiento son cada vez más difíciles.
La última vez que emitió un bono de $1,000 millones fue en julio de 2020 y desde esa fecha no ha podido volver a acceder al mercado. “Bukele todavía tiene un déficit fiscal de aproximadamente el doble del nivel anterior al Covid y la deuda es del 90 por ciento del PIB”.
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Con un gran pago de deuda de $800 millones que se avecina en enero de 2023, la analista advierte que Bukele tiene un margen de maniobra limitado.
Los inversionistas están más expectantes de lo que pueda ocurrir a nivel político. A finales de julio, la agencia Moody’s bajó la calificación crediticia del país a “bonos basura”.
Y pese a que el FMI asignó $400 millones más en Derechos Especiales de Giro al país que van directo a su activo de reserva, esto solo significaría “un alivio a corto plazo, pero después de eso, el gobierno podría verse obligado a recurrir a los suyos. ciudadanos para financiarse”.
“Los acreedores locales (bancos) son los prestamistas de último recurso...pero si no están dispuestos a prestar, puede haber un cambio hacia préstamos coercitivos”, como la posible nacionalización de las pensiones privadas o incluso los controles de capital”, advirtió.
“O, como dijo Daly: ‘Existe un riesgo real de que todo termine en lágrimas’”, termina citando el Financial Times.
Ley Bitcoin
Y ¿qué dicen los inversionistas sobre el Bitcoin? El mismo artículo recoge algunas impresiones: “La noción de que los pobres guarden sus ahorros en criptomonedas es absurda. Es tremendamente volátil y estás hablando de las personas más vulnerables del mundo”, dijo Michael Schlein, director ejecutivo de Acción, una organización sin fines de lucro que invierte en tecnología para la inclusión financiera.
Siobhan advirtió en julio que “Sin medidas robustas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los criptoactivos pueden usarse para lavar dinero.
