José Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia, afirmó durante el programa de entrevistas de Canal 21, que los golpes dados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General, el primero de mayo pasado, no han afectado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Según el funcionario, esos "movimientos" dentro del Órgano Judicial, como lo fue la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, son parte de las funciones que tiene el Legislativo, y que no han influido en el desarrollo de las negociaciones porque la Presidencia "no tiene injerencia" sobre la Asamblea Legislativa.
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No obstante, diversos economistas y agencias calificadoras internacionales han asegurado que este deterioro democrático e irrespeto a la división de poderes es lo que ha "congelado" las negociaciones del acuerdo que otorgaría al país $1,300 millones, y que servirían para "salvar" las finanzas del Estado.
Por ejemplo, Fitch Ratings ya había advertido desde julio que esa erosión de la democracia y los débiles controles anticorrupción ponían en riesgo la posibilidad de que el país pudiera acceder a financiamientos con organismos multilaterales, como en el caso del FMI.
"Las acciones recientes del gobierno de El Salvador destacan la erosión de los controles y equilibrios internos desde las elecciones de febrero. Es probable que estas acciones obstaculicen las negociaciones de un programa del FMI, aumentando el riesgo de que El Salvador no pueda cubrir sus grandes y crecientes brechas de financiamiento en los próximos años”, afirmó Fitch en un comunicado fechado el 13 de julio.
Sumado a esa crisis democrática provocada por los diputados oficialistas durante la primera sesión plenaria, Fitch señaló que la adopción del Bitcoin también puso un nuevo obstáculo en las negociaciones con el Fondo, debido a la incertidumbre que genera y porque el mismo FMI dijo en su momento que la adopción de la criptomoneda “plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”.
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Asimismo, en un informe más reciente, en el que Fitch analizó el proyecto de Presupuesto para el año 2022, la calificadora afirmó que ve "altamente incierto" que el acuerdo prospere, debido a que en el organismo hay preocupaciones por temas relacionados con la gobernanza y la estabilidad financiera en el país.
Además, agregó que este acuerdo será muy importante para cerrar la brecha presupuestaria que, según Fitch, podría ascender a los $1,700 millones, y no a los $498 millones como lo ha informado el gobierno.
Por su parte, Kattán subrayó que "estos acuerdos no se pueden hacer de la noche a la mañana", por lo que agregó que las negociaciones "van por buen camino", a pesar de que las discusiones llevan más de siete meses sobre la mesa y, además, confirmó que este acuerdo busca el "ordenamiento fiscal" en las finanzas estatales, aunque no brindó más detalles sobre las ajustes que estaría solicitando el Fondo.