La vulnerabilidad y la degradación de los suelos aunado a la deforestación y la baja recaudación en los mantos acuíferos en El Salvador provocó que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destine $37 millones para la recuperación de ecosistemas, mencionó el representante de la entidad en el país, Diego Recalde.
El programa que tiene tres ejes fundamentales cuesta en total $127 millones, de los cuales el gobierno pondrá $90 millones como contra partida para asistencia técnica y $37 millones los pondrá la FAO.
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El monto que proporciona la organización proviene del Fondo Verde del Clima y la contrapartida que pondrá El Salvador incluye cooperación institucional.
“Esto se vincula a lo que tiene las Naciones Unidas para la restauración de paisajes y de ecosistemas, se está apoyando con investigación también”, dijo el representante de la FAO.
El programa se ejecuta en este momento en 114 municipios y la proyección es alcanzar 222.
El primero de los tres ejes de acción es mejorar la resilencia de los medios de vida y de sistemas de producción de las familias. En este se incluye el trabajo con 50,000 pequeños productores de granos básicos,
En el segundo eje se plantea recuperar 17,000 hectáreas de bosque, montañas y laderas para reserva y fortalecer la recolección de mantos acuíferos.
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También tiene un componente de gobernanza con la que se busca impulsar normativas, como una Ley de Cuencas y formar un marco legal.
Además se busca fortalecer con incentivos la producción más verde, con una agricultura más sostenible.
“El proceso de restauración forestal implica un gran esfuerzo pero se puede combinar bosques con especies que son comercializadas, que incremente las zonas de recarga de agua, almacenamiento de carbono y reducción de la erosión de los suelos”, detalló.
Según Recalde, cuesta $1,000 por hectárea de bosque mantenerlo en óptimas condiciones para la recarga hídrica y destacó la importancia de una formulación y aprobación de una Ley de Agua, misma que debe ser ampliamente discutida con todos los actores involucrados.
“Si la ley no se discute, en vez de hacer un bien, puede ser desfavorable”, concluyó.