El banco británico HSBC inició en julio de este año un arbitraje internacional en Estados Unidos contra el Estado salvadoreño por un monto de $49 millones argumentando que se le denegó la justicia en una controversia judicial con la empresa IJASAL, cuyo caso comenzó en 2007.
El director de litigio de HSBC para Latinoamérica y México, Joaquín Martínez, explicó ayer a El Diario de Hoy que el banco no está cobrando ninguna deuda privada a El Salvador y que más bien el objetivo de llegar a esta última instancia es hacer valer su derecho de justicia contenido en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que Reino Unido firmó con el gobierno de El Salvador en 1999.
“No es que estemos cobrando una deuda privada, es que estamos cobrando los daños derivados de la abnegación de justicia otorgada por las cortes del Estado de El Salvador”, afirmó el ejecutivo.
También agregó que al firmar este acuerdo entre naciones El Salvador se comprometió a administrar justicia de manera igualitaria con inversionistas de ese país.
“El Estado es el que tiene la obligación de proporcionar una administración de justicia conforme a las reglas, que sea confiable y que sea en igualdad de circunstancias para las partes, cosa que no ocurrió”, señaló Martínez.
El caso por el que HSBC recurrió a instancias internacionales comenzó en 2007 cuando la empresa Ingeniero José Antonio Salaverría y Compañía (IJASAL) celebró un contrato de préstamo con HSBC El Salvador por $2.1 millones. IJASAL cayó en impago y HSBC demandó a la empresa para cobrar la deuda, pero en vez de pagar contrademandó al banco por violar el convenio de préstamo y reclamó $22.7 millones. Finalmente el caso escaló a la Sala de lo Civil, donde los magistrados fallaron a favor de IJASAL, pero inusitadamente establecieron un pago de $49.3 millones, el doble de lo que IJASAL exigía.
HSBC demanda a El Salvador por $49 millones en EE. UU.
HSBC recurrió a la Sala de lo Constitucional, pero esta resolvió el caso como “improcedente”.
Y aunque el banco envió una notificación sobre esta controversia tanto a Nayib Bukele como al Fiscal General y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, HSBC no tuvo ninguna respuesta, por lo que procedieron a la demanda internacional como última instancia.
Martínez afirmó que esta es la primera vez que HSBC recurre a una demanda internacional contra un Estado. “No es que HSBC no se conforme con las decisiones judiciales de los países en los que litiga, sino ante las cosas tan poco usuales que ocurrieron es que nosotros consideramos que hubo una denegación de justicia”, aseguró.
Ahora con la demanda en curso, el Estado debe nombrar a sus representantes ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, con sede en Washington) lo antes posible. Según la experiencia de otros casos, Martínez estimó que este litigio dure aproximadamente tres años, tiempo en el que el Estado salvadoreño deberá pagar abogados para argumentar su posición.
Al preguntarle a Martínez sobre sus expectativas de una resolución positiva, este respondió que les asiste la razón y que por tanto confía en que se cumpla el acuerdo internacional que el Estado salvadoreño firmó con Reino Unido.
La semana pasada la presidenta de la comisión financiera, la diputada Dania González, increpó de manera hostil al presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Raúl Cardenal, sobre esta demanda internacional y achacando que el país se quedaría sin construir hospitales si paga el monto de la demanda.
A esas declaraciones, el representante de HSBC respondió: “Parece que los integrantes de la comisión olvidan que se trata de un tratado internacional, y en un tratado internacional, es legislación aplicable al interior del país y otorga derechos a que un inversionista extranjero busque protección de sus inversiones”.