El panorama que enfrentan las empresas de la región es sombrío. La gran mayoría registra una importante caída de sus ingresos, tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones financieras para acceder a financiamiento para capital de trabajo.
Un informe especial presentado la semana pasada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostiene que la emergencia sanitaria ha venido a golpear la estructura productiva y empresarial, que de por sí ya presentaba debilidades acumuladas por décadas.
El estudio denominado “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación” destaca que, sobre la base de los diagnósticos de las cámaras empresariales, en Latinoamérica cerrarán más de 2.7 millones de empresas formales, de las cuales 2.6 millones serán microempresas.
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Lo anterior se traducirá en la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.
Para el caso de El Salvador, un 17 % de empresas salvadoreñas ha tenido que cerrar operaciones debido al impacto provocado por el cierre económico durante más de 90 días bajo medidas impuestas por las autoridades. El dato se desprende de una encuesta que hizo la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en mayo pasado, en la que participaron 1,024 empresas de todo el país. Sin embargo, a la fecha la cifra podría ser mucho mayor.
“Lo que nos espera como país es bastante duro. Hay sectores que no han podido pasar a la fase II, y aún estando en la fase I no están funcionando al cien por ciento, entonces hay muchas empresas que ya quebraron, otras que están en proceso de cierre y otras que están en una situación complicada”, aseguró Carmen Aída Muñoz, directora Ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (Amcham).
El documento de la Cepal indica que en Centroamérica el 50% de las empresas necesitará entre cuatro y nueve meses para recuperar el nivel de facturación que tenía previo a la crisis.
Esta situación se agrava entre las microempresas, que requerirán un período que va de siete meses a más de un año para lograr este objetivo, según estimaciones de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco).
Según la Cepal, la crisis económica que enfrenta la región como consecuencia de la emergencia sanitaria golpea gravemente a sectores que generan más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, consideró que la crisis golpea con mayor intensidad al comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; los hoteles y restaurantes; las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y las manufacturas.
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El impacto variará según el sector y tipo de compañía, por ejemplo, se proyecta que el comercio perderá 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que el turismo perderá al menos 290,000 empresas y un millón de puestos de trabajo.
En el país, según datos del Seguro Social y las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP’s), a la fecha existen alrededor de 66,000 personas desempleadas, citó la Amcham.
El impacto será muy diferente según el sector y el tipo de empresa. Entre los más fuertemente afectados están: el comercio, los hoteles y restaurantes que cuentan con gran cantidad de mipymes.
Un objetivo inmediato de los gobiernos ha sido reducir la destrucción de capacidades provocadas en la fase crítica de la pandemia, como despidos y cierres de empresas, lo cual dificulta la recuperación de la actividad de las economías una vez pasada la emergencia.
Para sostener la estructura productiva y evitar la destrucción de capacidades en las empresas, gobiernos de la región anunciaron un conjunto amplio de medidas con el objetivo de proveer liquidez y mejorar el acceso al crédito.
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En casi todos los países se anunciaron líneas de crédito especiales para financiar el capital de trabajo de las mipymes, de modo que continuaran sus actividades y pagaran sus nóminas. En muchos casos, estas medidas se han dirigido a los sectores más afectados, como el del turismo o hacia sectores estratégicos para la seguridad alimentaria, como el agropecuario.
En El Salvador, la Asamblea aprobó este jueves un fideicomiso por $600 millones para financiar a mipymes, ya que representantes de este sector han urgido un alivio económico ante la crisis.
La Cepal aboga por una respuesta a gran escala que evite la destrucción de las capacidades productivas, que incluya el financiamiento de las compañías y el cofinanciamiento de la nómina durante seis meses, entre otras medidas.