El Salvador ni siquiera llega al mínimo aceptable de transparencia en la elaboración y ejecución del Presupuesto General de la Nación, ya que se encuentra en el peldaño 46, cuando el mínimo es 61, reveló la Encuesta de Presupuesto Abierto presentada por International Budget Partnership (IBP) en un foro realizado por la Fundación para el Desarrollo (Funde).
"En el nivel de Transparencia Presupuestaria El Salvador está en el peldaño 46 sobre 100; para nosotros el nivel de 61 es el mínimo aceptable para reconocer que hay un mínimo suficiente de información disponible. Es más, El Salvador nunca ha estado en ese nivel de suficiencia y en la última medición hubo un pequeño declive, lo que nos preocupa", aseveró Andrés Ponce, experto del IBP.
Por su parte, Laura Castillo, también experta del IBP, explicó que la Encuesta de Presupuesto Abierto es una medición internacional que se basa en evidencia que examina todo el ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la rendición de cuentas.
En ese sentido, otro punto importante y nada alentador que destacaron es que en el nivel de participación de la ciudadanía en el Presupuesto El Salvador está aún más bajo: en el nivel 13.
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"En el ámbito de la participación hay un puntaje muy bajo y no hay mecanismos de participación en el ámbito Legislativo y en el ámbito Ejecutivo; deberían generarse instancias pilotos al menos en la elaboración del presupuesto. Además, ¿qué tan fuerte son las entidades que fiscalizan el presupuesto como el Órgano Legislativo y la Corte de Cuentas?", cuestionó Ponce.
Según la encuesta, El Salvador fue uno de los países de Centroamérica que registró un leve incremento en la transparencia presupuestaria en 2019, pero sigue siendo insuficiente.
En 2006, cuando se realizó la primera medición, el país obtuvo 27 puntos; luego creció hasta 53 en 2015; posteriormente, retrocedió en 2017, cuando obtuvo 45 puntos; y, finalmente, en 2019 alcanzó los 46, pero sigue muy por debajo del mínimo de suficiencia.
En la región centroamericana, El Salvador solo se encuentra por encima de Nicaragua (41), pero lo superan Guatemala (65), Honduras (59) y Costa Rica (57). En lo referente a la vigilancia sobre el presupuesto obtuvo 61 puntos, perdiendo 4 puntos con respecto a la medición de 2017.
Castillo explicó que el estudio se basa en evidencia y es comparable, y lo que hace es mirar el nivel de transparencia del presupuesto examinando ocho documentos presupuestarios clave de todo el ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la rendición de cuentas.
“Se examina la información de la propuesta del presupuesto; el presupuesto aprobado debe incluir presupuesto ciudadano, además de informes de ejecución, informe de medio término (un documento que revisa las finanzas y las proyecciones del presupuesto aprobado) y un informe de ejecución de fin de año, acompañado de un informe de auditoría y además examina las oportunidades que tiene la población de participar en el proceso del presupuesto, tanto en la formulación como en la deliberación y luego en la implementación”, detalló la experta del IBP.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), fue tajante en señalar que el país enfrenta retrocesos en transparencia.
“Todo el tema de transparencia ha tenido grandes retrocesos en los últimos años; y justamente desde 2019, 2020, 2021 se ha venido denunciando la poca información que hay en el tema del presupuesto y es que solo el 2015 fue el único año en el que hubo mejora en la presentación de la información; lastimosamente en el 2019 vuelve a bajar, demostrando que no hay voluntad política para entregar la información necesaria en política presupuestaria y proceso del presupuesto”, señaló Hernández.
La ciudadanía debe involucrarse
En el foro también se desarrolló un panel con representantes de organizaciones y uno de los puntos que señaló Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), es que hay poco interés de la población en conocer cómo le afecta la distribución y manejo del Presupuesto General de la Nación.
"La ciudadanía debe involucrarse y conocer cómo le afecta la falta de transparencia fiscal, la falta de institucionalidad; debemos exigir información pública.. (por ejemplo) hay millones de dólares para publicidad gubernamental... debemos exigir transparencia", recalcó Hernández.
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Por su parte, Gabriela Santos, directora de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la UCA, añadió que exigir al gobierno información sobre el presupuesto es solo un punto, ya que hay mucha información pública a la que la población no tiene acceso.
"Estamos hablando de que debe haber transparencia en el presupuesto, pero hay todo un bagaje de cómo se están haciendo las cosas de forma errónea dese el gobierno actual", dijo.
Ricardo Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que "toda información que tenga que ver con recursos públicos debe ser pública", en este caso puso el ejemplo del Fideicomiso Bitcoin, del cual en principio se conocía que funcionaría con $150 millones y que sería manejado por Bandesal, pero no se conoce cómo se ha manejado ese fondo.
Los participantes coincidieron en que es grave que el gobierno no rinda cuentas del manejo de fondos públicos, pero también es muy grave que la población no exija esa rendición de cuentas.