El presidente de CEL, Daniel Álvarez, presentó este lunes por la mañana un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas irregularidades encontradas en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral.
“Este es un aviso sobre peculado, cohecho, lavado de dinero (…) La fase uno nos da un panorama de cómo se hicieron las cosas en El Chaparral, en donde se ve involucrado el ex presidente de la República, Mauricio Funes, su círculo personal y no finalizaron la obra”, expresó Álvarez.
Álvarez no quiso detallar exactamente en qué han encontrado irregularidades, ni tampoco qué monto de dinero estaría en juego, ya que aseguró que primero debe investigar la Fiscalía y luego informar.
En septiembre pasado, el presidente de CEL también mencionó a los diputados en la Asamblea que la presa terminará costando $759.4 millones al cierre de 2020, lo que significará un incremento de $551.6 millones.
Mientras que en ese entonces también el presidente Nayib Bukele señaló expresamente que era una “obra de corrupción”, porque el proyecto inicialmente iba a costar $207 millones, que ya resultaba caro, dijo.
La obra tiene un año de atraso. Aunque ya tiene un 70 % de avance, el otro 29.3 % es atribuido a 22 contratos en ejecución de los cuales 20 de ellos llevan un retraso promedio del 45 %, según explicó Álvarez meses atrás a los diputados en la Asamblea.
Millonaria construcción
La construcción de la presa El Chaparral lleva 11 años y se espera que cuando entre en operación (en 2021) habrá costado tres veces su valor original. Pero no solo eso, generará 67 MW, a un costo promedio de $11 millones por cada MW.
En 2008, cuando inició el proyecto El Chaparral, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) calculó el costo en $207 millones, pero con abandono, millonarios pagos cuestionados, cambio de constructora y presunta corrupción de por medio, esa obra terminará costando $751 millones.
Para entender el encarecimiento del costo de El Chaparral se debe tener en cuenta el pago que en su momento hizo la Cel a la italiana Astaldi por $108.5 millones, esto durante la gestión del prófugo Mauricio Funes, quien es procesado porque recibió soborno de $3.5 millones de los italianos, según Fiscalía.
En 2011, la empresa italiana dejó abandonada la construcción con sólo 29 % de avance, pero llegó a un “arreglo directo” por el cual le pagaron como si hubiera sido el 50 %.
Y en enero de este año, la empresa rusa Tyazhmash, que retomó la construcción, advirtió a la Cel que han cambiado los costos y los plazos del proyecto, lo cual ha frenado el financiamiento y los desembolsos de los bancos al contratista.
De momento, la Presidencia de la República ha ordenado una auditoría técnica financiera para tener claro si vale la pena seguir adelante con ese ostentoso proyecto hidroeléctrico.