Una nueva caída en los precios de los bonos de El Salvador se registró este viernes luego de la aclaración que hizo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando afirmó que, por el momento, no está discutiendo con el gobierno salvadoreño un posible acuerdo financiero que le otorgaría al país un crédito de hasta $1,300 millones para aliviar la crisis fiscal.
De acuerdo con los indicadores de los mercados financieros internacionales, por ejemplo, el precio del bono 2023, que es el más próximo a pagar cayó hasta en un 3.59% con respecto a la semana anterior, es decir, se situó en un precio de $81.7, por lo que por cada $100 invertidos la caída deja una pérdida de $18.3 para los inversores.
Para Ricardo Castaneda, quien es economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), esta caída no ha sido una sorpresa pues podía observarse desde hace más de una semana, cuando se conoció que el Gobierno pretende implementar una Ley de Agentes Extranjeros que afectaría gravemente la cooperación internacional que reciben muchas organizaciones que trabajan en el país.
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“El Salvador entra en un terreno sumamente complejo porque con el perfil de riesgo que tiene ahora no puede salir a emitir bonos”, señala el economista, quien advierte que fue precisamente la aclaración del FMI la que impactó negativamente en los bonos salvadoreños.
A pesar de que el bono del 2023 se desplomó hasta situarse en un nivel bastante bajo, es el de 2025 el que ha sufrido la peor caída en el precio al haber registrado una pérdida en su valor de hasta 5.3%, con respecto al precio que registraba hace una semana, lo que provocaría pérdidas de más de $28 por cada $100 invertidos.
Por su parte, el investigador del área de Macroeconomía de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Rommel Rodríguez, “la caída del precio de los bonos refleja un deterioro considerable de la confianza de los inversores”, sobre todo porque ha sido el mismo FMI que ha aclarado que no se está negociando el referido acuerdo, sino que han habido discusiones de rutina entorno a las revisiones anuales que realiza el organismo a las finanzas del país.
“Por lo menos, desde mediados de 2021, varios informes de entidades financieras privadas de corte internacional han estado a la expectativa de este acuerdo y creo que esas expectativas se acrecentaron con las declaraciones del ministro (de Hacienda) en el contexto de la presentación del presupuesto a la Asamblea Legislativa, a finales de septiembre, sobre que alcanzar un acuerdo con el FMI estaba muy próximo; no obstante, ahora se conoce un poco más de información y todo esto se ha traducido en minar la confianza”, añade el economista.
Asimismo, otro bono que sufrió una caída fuerte ayer en el precio fue el del 2035, mismo que se situó en $68.97, representando una caída de hasta un 6.44% con respecto al valor que tenía hace una semana.
Con esta caída, el acceso a financiamiento necesario para ejecutar varias obras de inversión pública e, incluso, para cerrar la brecha presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022 que el gobierno ha estimado en arriba de $498 millones, “está cuesta arriba”, advierte Castaneda.
Posibles consecuencias
La economista Tatiana Marroquín, por su parte, explica que esta caída en el precio de los bonos salvadoreños demuestra que “las personas que tienen esos bonos los han estado vendiendo a precios bajos en los últimos meses”, esto debido a la poca confianza que tienen en el país y porque buscan “dejar de tener una relación contractual con El Salvador, pues no creen seguro que el país pague sus obligaciones”.
Ante esto, vaticina que el impacto que más se observará en el corto plazo es que será difícil para el país encontrar financiamiento si sale a mercados internacionales, algo que coincide por lo expresado por los economistas Rodríguez y Castaneda.
Además, la economista agrega que si los organismos se atreven a prestarle dinero al país “sería con intereses muy altos, incluso, arriba del 9%”.
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Por ello, Marroquín sostiene que este desplome en el precio de los bonos impactaría, de forma directa, al Presupuesto General de la Nación proyectado para el 2022, mismo que ya incluye hasta $900 solo para el pago de intereses de deuda pública. Por lo que reitera que “las finanzas del Estado se verán más apretadas y tendrá que recortar gastos”.
Tanto Rodríguez como Castaneda ya habían advertido a finales de octubre que estos indicadores (precio de los bonos y la falta de un acuerdo con el FMI) afectan directamente a la población.
Por un lado, Castaneda señala que al aumentar el riesgo país y las tasas de interés es la población la que paga esos intereses, a través de impuestos; mientras que Rodríguez subraya que una situación más complicada en el sistema financiero puede derivar, incluso, en una elevación de los tipos de interés local que solicitan los ciudadanos.