Muchos salvadoreños recriminan a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) la entrega de una pensión muy baja en comparación a los montos que entregaba antes el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (Inpep), pero muy pocos saben que estas empresas privadas tienen desde 2001 una “camisa de fuerza” que les impide multiplicar los ahorros de los trabajadores y, por lo tanto, ofrecerles mejores pensiones.
Según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), René Novellino, el sistema de capitalización individual o sistema privado ha tenido al menos cinco reformas de ley en las que se le obliga a prestarle el dinero de los trabajadores al Gobierno.
De esas reformas la más significativa es la de 2006, que obligó a las AFP a prestarle el 35 % de los ahorros al Estado a través de una figura llamada Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Según los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, desde la creación de esta figura legal y financiera hasta febrero de 2021, las AFP han tenido que prestar al Gobierno $6,919 millones.
Por ese préstamo los trabajadores ganan una tasa promedio de interés de menos del 5 %, un porcentaje muy bajo si se toma en cuenta que el Gobierno le paga hasta 7 % a los bancos por prestarle Letras del Tesoro y hasta 9 % a inversionistas extranjeros cuando le compran bonos o eurobonos.
Pero ese monto crece a $9,246 millones si se incluyen otros préstamos que las AFP han hecho al Gobierno a través de otras dependencias. Esto representa el 78.8 % de todos los ahorros de los trabajadores, que a febrero 2021 suman $11,833 millones.
Novellino afirma que esta obligatoriedad es la que ha provocado que a la fecha los trabajadores hayan perdido $3,000 millones de rentabilidad en sus cuentas de ahorro. Este dinero ya no se puede recuperar y de haberse incorporado al fondo total, hubiera ayudado a muchos jubilados a tener una mejor pensión.
A juicio del economista y representante de los trabajadores en el Comité de Riesgo, Carlos Pérez Trejo, invertir la mayoría de los ahorros en instrumentos del Gobierno deja poco margen para que las AFP inviertan en otros instrumentos financieros que pudieran pagar mejores intereses.
Y por si fuera poco, las AFP no pueden invertir fuera del país a menos que los títulos de empresas foráneas estén registradas en el país. Para el caso, los ahorros de los trabajadores salvadoreños han financiado la remodelación del Aeropuerto Tocumen, en Panamá y otros proyectos realizados por empresas costarricenses, pero no financian infraestructura en El Salvador.
Y si la rentabilidad que obtienen los fondos de pensiones es baja, eso se traduce en pensiones que no satisfacen las expectativas de los jubilados. “Las AFP están atadas por ley a invertir la mayor parte del fondo en títulos de bajo rendimiento y la otra parte en tasa fija. Entonces, es muy difícil que puedan garantizar una alta rentabilidad”, afirma.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de reemplazo (porcentaje de pensión respecto a los ingresos previos) es menor al 40 % en El Salvador. Eso significa que si una persona ganaba antes $1,000, su pensión solo será de $400.
Ganancias de las AFP
Otro de los grandes reclamos que le achacan a las AFP es el cobro de comisión por el manejo del dinero. Sin embargo, las reformas de ley anteriores han disminuido este porcentaje año con año.
En la actualidad el porcentaje para cubrir tanto la administración del dinero como para canalizar el pago de seguro de invalidez y sobrevivencia ha disminuido y ahora es de 1.90 % mientras que al inicio del sistema era del 3 %.
En 2017, cuando se hizo la última reforma de pensiones, la ley estableció la creación de un Comité de Riesgo que analizara una mejor inversión para estos fondos, pero tras casi cuatro años de esa reforma, el comité solo se ha reunido una vez.