1. El sistema de pensiones ha sufrido diferentes cambios desde 1998 a la fecha. En general, cómo evalúa estos cambios y si estos han logrado mejorar las condiciones de los trabajadores en su vejez?
El Sistema de Pensiones en El Salvador ha registrado sucesivas reformas que han tenido una incidencia, en algunos casos positiva, en otros negativa, sobre las condiciones actuales de funcionamiento del sistema y de forma particular en el monto de las pensiones que los afiliados pueden percibir.
Es difícil hacer una evaluación pormenorizada de los cambios y sus efectos, pero todas aquellas reformas que se han orientado a establecer inversiones de carácter obligatorio, lejos de mejorar las condiciones, han implicado una dificultad para lograr el objetivo de que se financien mejores pensiones. De ese tipo ha habido al menos cinco reformas durante el período 2001-2016.
Sobre el establecimiento de inversiones de carácter obligatorio fueron:
a. La primera a fines de 2001, sólo 3 años después del inicio de operaciones del sistema, con la compra obligatoria de Certificados de Traspaso, como una inversión a 15 años que devengaba una tasa de interés fija equivalente a un depósito bancario a 6 meses plazo. En el período 2002-2006, estos Certificados devengaron una tasa promedio de 3.4% anual.
b. En 2003 se agregó la compra obligatoria de Certificados de Traspaso Complementarios, bajo las mismas condiciones que los Certificados de Traspaso.
Solo una de cada seis personas cuenta con una pensión en El Salvador
c. En 2006 se estableció la compra obligatoria de Certificados de Inversión Previsionales (CIP) para que el Estado siguiera cumpliendo con la obligación de pago de pensiones a cargo del ISSS e INPEP. Se estableció una tasa de interés ligada a la tasa internacional LIBOR. Desde 2009 hasta 2017, las tasas que devengaron estas inversiones oscilaron entre 1% y el 2% anual.
d. En 2012 se amplió la obligación de compra de Certificados de Inversión Previsionales del nivel original del 30% del activo establecido en 2006, a un 45% del activo.
e. En 2016, se impulsó una reforma que quiso aumentar la compra obligatoria a un nivel del 50% y a que se comprara emisiones de estos Certificados para pagar el servicio de deuda de los mismos. En virtud de la inversión obligatoria en CIP establecida en 2006 y las sucesivas reformas para aumentar el límite de compra, han significado que los afiliados han dejado de percibir un estimado de más de $ 3,000 millones en rentabilidad, que es la diferencia estimada de lo que hubiera generado la inversión en otros instrumentos a tasas de mercado.
En 2017 hubo una reforma bastante importante del Sistema que introdujo elementos positivos hacia la obtención de mejores pensiones y la sostenibilidad, como fue el aumento de la tasa de interés que devengan las inversiones obligatorias en CIP, el establecimiento de una nueva fórmula de cálculo para las pensiones y la conformación de la Cuenta de Garantía Solidaria, que garantiza sostenibilidad en el pago de las obligaciones del Sistema y también permitió ofrecer a todos los afiliados que cumplen con los requisitos respectivos, asegurar el goce de pensiones estables y vitalicias.
2. A 23 años de modificado el sistema de pensiones, se señala que este no ha logrado aumentar la cobertura ni mejorado las pensiones para los jubilados. ¿Cuáles cree que han sido los principales obstáculos para que estos aspectos no se hayan cumplido?
La baja cobertura de los programas de seguridad social en El Salvador (no sólo en pensiones sino también en el régimen de salud del ISSS, por ejemplo), son una consecuencia directa del alto grado de informalidad que caracteriza nuestro mercado laboral. El problema tiene su raíz en esta condición y aun cuando hay acciones que pueden tomarse al interior del sistema para aumentar la cobertura, mientras no se resuelva el problema de fondo de la informalidad, nuestro país siempre afrontará problemas de baja cobertura, condición que comparte con otros países de la región donde también hay condiciones similares del mercado laboral.
Como se planteó en la pregunta anterior, el monto de las pensiones de los trabajadores afiliados al Sistema se ha visto afectada por diferentes reformas que se impulsaron desde el año 2001, y de forma continuada en 2003, 2006 y 2012, en las que se establecieron y aumentaron inversiones de carácter obligatorio que por mandato de ley hicieron que los ahorros para pensiones de los afiliados devengaran tasas de interés menores a las que hubieran obtenido en otras inversiones no obligatorias, dificultando así que sus ahorros fueran suficientes para financiarse una pensión de un monto adecuado.
Adicionalmente a las inversiones obligatorias, hay retos importantes que afrontar en el sistema que también dificultan mejorar el monto de las pensiones, como es el hecho de que muchas personas acumulan pocos ahorros porque cotizan por un tiempo muy corto debido a que buena parte del período en que desarrollan un trabajo lo hacen en el sector informal. Otra problemática importante es que el régimen de inversiones de los fondos de pensiones ha ofrecido históricamente muy pocas opciones de inversión, que han dificultado contar con un portafolio más diversificado y obtener rentabilidades más altas.
3. Hay quienes critican que las AFP se lucran a costa del ahorro de los trabajadores y de forma desmedida. ¿Por qué cree que el sistema de cuentas individuales es tan señalado (aquí, en Chile y otros países con este sistema)? ¿Tiene el sistema de cuentas individuales cerrojos para garantizar la estabilidad de los ahorros de los trabajadores?
Las AFP son entidades profesionales, expertas en la administración de fondos que trabajan dentro de un marco legal y normativo bastante estricto, uno de los más estrictos del país, y políticas de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con la ley, perciben un ingreso por la administración de las cuentas individuales de los afiliados y canalizan el pago de seguro de invalidez y sobrevivencia, conceptos que tienen un techo máximo que está definido en la legislación, el cual ha sido sujeto de sucesivas reducciones, la más reciente en la reforma de 2017, donde el ingreso de las Administradoras disminuyó en cerca de 20%. En la actualidad el porcentaje para cubrir esos dos conceptos es 1.90% del salario y al inicio del sistema era de 3.0% del salario.
Aunque se han dado estas disminuciones y el nivel actual de comisión, incluida la prima de seguro, es de los más bajos en América Latina, el punto se continúa planteando como un elemento central de la temática y a veces se hace ver como un elemento relevante para hacer crecer las pensiones, cuando en realidad el impacto en el monto de las pensiones de los afiliados, que es el punto central que debería ser abordado en cualquier reforma del sistema, se logrará principalmente con acciones que se encaminen a eliminar o minimizar las distorsiones que se han creado con las inversiones de carácter obligatorio, así como también, abriendo el régimen de inversiones de los fondos de pensiones e impulsando acciones de política pública que permitan que más salvadoreños coticen de forma regular al sistema y tengan cobertura de los beneficios de la seguridad social.
Por otro lado, relacionado con el sistema de cuenta individual, cuando se analiza el entorno mundial, más y más países comienzan a construir sistemas en el que se tienen varios pilares, incluido el de cuentas individuales. Los desafíos de los sistemas de pensiones son naturales porque las poblaciones cambian en todo el mundo. Independientemente del esquema, tanto capitalización individual o reparto, si es de un pilar o múltiples pilares, tienen críticas y desafíos por la necesidad de recursos para poblaciones cada vez más envejecidas y que viven más. También, la menor o mayor informalidad implican poblaciones que no acumulan recursos en los sistemas por tiempo suficiente para la necesidad de financiamiento que van a tener. Finalmente, los mismos Estados enfrentan desafíos para enfrentar las deudas fiscales relacionadas con esquemas en los que se prometen beneficios sin garantía de financiamiento sostenible, dada, también, la reducción de la tasa de natalidad y de jóvenes laboralmente activos que coticen para pagar las pensiones de quienes están jubilados.
4. El Salvador se adentra a una nueva discusión de reforma de pensiones. Hace más de tres años se hizo la última reforma que tomó un tiempo para lograr consenso. ¿Cree usted que es necesaria una nueva reforma de pensiones y en qué sentido debería ir esta vez?
Hay dos temas fundamentales que no fueron abordados en la reforma de 2017 y que desde nuestra perspectiva tendrían que ser el objeto de una nueva reforma: primero, solventar la problemática de las bajas pensiones que ha producido la inversión obligatoria y, en segundo lugar, aumentar la cobertura del Sistema, ambas buscando siempre fortalecer la sostenibilidad, es decir, asegurando que dichas reformas contarán con los recursos suficientes en el largo plazo para garantizar a los trabajadores el goce de sus beneficios en el momento que cumplan los requisitos establecidos.
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5. ¿Dentro de las reformas, cabe analizar el regreso a un sistema de reparto, tomando en cuenta que más del 70% del fondo de pensiones ya está invertido en deuda estatal ?
Al analizar la posibilidad de volver a un sistema de reparto, el país debería evaluar aspectos fundamentales que nos deben dar indicios, al menos, de su posible sostenibilidad. a) Implicaría entender o responder a preguntas sobre cómo va a quedar su derecho de propiedad sobre el ahorro personal que han construido durante los últimos 23 años y que hoy es el respaldo seguro para el pago de sus pensiones a futuro; y b) En El Salvador como en el mundo, los sistemas de reparto no han sido capaces de generar las suficientes reservas para responder a sus obligaciones, por lo que han generado déficits muy altos que deben ser asumidos por los Estados poniendo más presión a la situación fiscal. Esta condición lejos de irse resolviendo se irá agravando en el futuro, en la medida que la demografía de nuestro país vaya cambiando hacia un progresivo envejecimiento. De acuerdo con estimaciones de población de Naciones Unidas, en 2050, uno de cada tres salvadoreños será adulto mayor. En la actualidad son menos de 1 por cada 10 habitantes, lo que pone de manifiesto que será un reto muy grande para el país si no se hacen las acciones correctas desde hoy, procurando que las personas ahorren para el respaldo a futuro de sus pensiones. En esto hay que hacerse las preguntas: ¿Con qué se va a pagar y quién le va a pagar a los jóvenes cuando lleguen a su edad de jubilación? ¿de dónde saldrá el dinero suficiente para todo eso? Y consideremos que aquí no sabemos los montos de pensión que se van a prometer, porque en un reparto tradicional, se prometen los porcentajes de pensión generalmente por encima de los financieramente viable (al menos, esa ha sido la experiencia que hemos tenido en El Salvador).
6. La nueva reforma tendría que ser aprobada por la Asamblea Legislativa, que ahora tiene mayoría del partido Nuevas Ideas. ¿Qué sugerencias podría hacerle a los nuevos diputados antes de aprobar cualquier reforma que se plantee este año?
Más que una sugerencia a los diputados en particular, creo que es importante reiterar lo que hemos ya señalado en diversos procesos de reforma que se han impulsado con anterioridad y es el hecho que cualquier reforma al sistema de pensiones debe estar precedida de una discusión amplia y de la realización de estudios técnicos de medición de impactos financieros, regulatorios y a las mismas condiciones de los beneficiarios, con el objetivo de que el país conozca las implicaciones de las reformas que se impulsen y que se asegure la sostenibilidad de las medidas en el corto, mediano y largo plazo.
7. El ministro de Hacienda afirma que al instalarse la nueva Asamblea, una reforma de pensiones integral que se plantee tendrá tres ejes fundamentales: que beneficie en primer momento al cotizante, en segundo momento, al Estado, y en un tercer momento a los actores que están administrando los fondos de pensiones. ¿Cómo intepreta estos tres ejes planteados?
Desde nuestro punto de vista, una futura reforma de pensiones se debe centrar en favorecer a los afiliados, asegurándoles mejores pensiones y un acceso más amplio a la población de los beneficios de la seguridad social.
Al asegurar que estos objetivos se logren en un esquema de sostenibilidad de corto, mediano y largo plazo, se beneficia no solo a los cotizantes, sino que al país en su conjunto ya que el Estado podría enfocar sus recursos en favorecer a aquellos salvadoreños que por sus propios medios no pueden ahorrar para una pensión y dejar que el sistema se fortalezca y dé cobertura a aquellos que sí tienen capacidad de ahorro propio.
En ese sentido, consideramos que la prelación de objetivos y de los ejes señalados es adecuada.