Economistas advierten que una tasa de reemplazo de pensión equivalente al 70 % del último salario como la han propuesto sindicalistas afines al gobierno de Nayib Bukele no es sostenible en el tiempo y solo alcanzaría para pagar pensiones en cinco años.
“Este fondo solo alcanza para cinco años y por más que les ofrezcan 70 % no hay fondos suficientes
para que puedan aguantar ni siquiera para los trabajadores que están negociando con el gobierno. Se tiene que tener claro que si dan el 70 % que están ofreciendo va a quebrar el sistema completo y la gente se va a quedar sin ninguna posibilidad de retirarse, sin nada”, señala el economista Luis Membreño.
La tasa de reemplazo es el porcentaje de dinero respecto al último salario que la persona ha recibido previo a su jubilación. Así, por ejemplo, si una persona que ha ganado en promedio $1,000 en los últimos 10 años decide jubilarse, y la tasa de reemplazo es del 35%, su pensión será equivalente a $350. Esta tasa varía, de acuerdo al ahorro individual que el trabajador ha realizado a lo largo de su vida productiva.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró este lunes en una entrevista televisiva que el gobierno pretende aumentar la tasa de reemplazo en más del 25 %. “Cualquier persona que se quiera jubilar, en estos momentos, la tasa de reemplazo estamos hablando que es un equivalente al 25% y 35% del salario de los últimos 10 años.
$12,000 millones son propiedad ahorrada de los trabajadores para su jubilación
Debemos construir una tasa de reemplazo justa y digna”, señaló. Luego agregó que este porcentaje que aún se analiza tiene que ser por arriba de ese 25 %, pues de lo contrario sería “mejor no hacer nada”. Para el investigador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de la Fundación para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, hablar de una tasa de ese nivel no es realista y si el gobierno está ofreciendo esa cantidad debe sustentarlo con un estudio actuarial.
“En esto no hay magia, debe basarse en un estudio actuarial y que establezca los beneficios verdaderos a los que se puede aspirar, sin que eso se traduzca en un deterioro para las generaciones futuras, porque eso de dar una tasa de reemplazo del 75% se puede, ¿pero para quiénes? ¿solo para las personas que se van a jubilar en unos cuatro o cinco años? ¿Y los que vienen detrás y aportaron al sistema, qué si ya se acabaron ese dinero?”, señala Rodríguez.
Si bien es cierto que el presidente Bukele anunció el 15 de septiembre que presentarán una reforma de pensiones “dignas”, los economistas cuestionan que debe decir cómo las financiará de manera sostenible.
Sin embargo, el 14 de octubre recién pasado el presidente anunció en su cuenta de Twitter que daría dos semanas más para seguir trabajando en la reforma. Para economistas y abogados, claro que es justo que los salvadoreños tengan pensiones justas, pero se preguntan cómo logrará el gobierno hacerlo con los grandes problemas de iliquidez que tiene.
“El gran problema es que como no se conoce aún la propuesta del gobierno, no sé si hay algún genio que dijera que descubrió la fórmula para conciliar mejores montos de pensiones con la falta de
sostenibilidad del sistema, sin aumentar las cargas y por eso no me atrevo a especular hasta no ver la propuesta del gobierno y sobre todo ver el estudio actuarial que se presente como soporte de la reforma”, señala el abogado Enrique Anaya.
Tal como indican los economistas y abogados, el gobierno tiene que presentar el estudio actuarial con los aumentos de montos de pensiones y en la cobertura, “manteniendo sostenible el sistema y sin necesidad de mayor carga para trabajadores y empleadores”, dijo Anaya.
“Negociación egoísta”
Representantes del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) y la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM), afines al gobierno, aseguraron este lunes que además de solicitar a Bukele que expropie los ahorros que los trabajadores han acumulado por 23 años en las AFP, también le han pedido que revalorice las pensiones de los que ya están jubilados, se les pague hasta el 70 % de su último salario, y además
que se incluyan a los trabajadores por cuenta propia.
Para eso han propuesto que el aumento de pensión se financie a través de un Fondo Solidario para que se unan con fondos del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) en el que ya solo están cotizando poco más de 5,000 personas.
Esta es una negociación que el economista Membreño califica de “egoísta”, pues asegura que solo están pensando en ellos y no en las generaciones futuras. A esto se le suma que el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento y además cada vez le es más difícil que le presten dinero.