Para no entrar en crisis ni despertar la incertidumbre de inversionistas cada vez que Estados Unidos anuncia cambios en sus políticas comerciales (o al menos surge un rumor al respecto), El Salvador requiere una estrategia integral de exportaciones a largo plazo que priorice los intereses del país, insistió la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport).
La política de exportación, aseguró el sector, debe ser consensuada entre el gobierno y el sector privado y debe dejar claras cuáles son las responsabilidades de cada quién.
“Hemos insistido en la creación de un Consejo Máximo en el que participe el sector privado y el gobierno y que sea el presidente la figura de representación de las exportaciones. El que venda al país”, apuntó el presidente de la gremial, Marvin Melgar.
El Coordinador General de la Organización de Apoyo al Sector Privado para las Negociaciones Comerciales Internacionales (ODASP) y asesor de Comercio Internacional de Coexport, Rigoberto Monge, explicó que una política comercial nueva debe impulsar, por ejemplo, el aprovechamiento de los acuerdos con los países con los que ya se tienen relaciones comerciales. Se estima que dichos convenios son aprovechados solo en entre un 8 y 12 % de su potencial.
El Salvador exporta tantos brasieres como productos para hacer pan
Ambos productos están entre los 20 más enviados al exterior. Según los datos del BCR, la ropa interior va más fuera de C.A., mientras que los comestibles se quedan en la región.
Por otro lado, el economista también urgió a incluir medidas destinadas a mejorar la competencia de los productos elaborados en El Salvador, de manera que fortaleciendo el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad, sean capaces de entrar a otros mercados de destino que pagan mejor.
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (TLC) se negoció en 2003 y entró en vigor, para El Salvador, el 1 de marzo de 2006. Previo a la entrada en vigor del TLC, Estados Unidos unilateralmente ya otorgaba preferencias arancelarias a los países centroamericanos y caribeños, bajo los esquemas de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), desde la década de 1980; aunque estas medidas eran temporales y tenían limitaciones cuantitativas (cuotas de exportaciones textiles, por ejemplo).