El elevado endeudamiento al que el Gobierno ha sometido al país en el último año ya está pasando la factura con el pago de intereses.
De acuerdo con los datos oficiales del Sector Público No Financiero (SPNF) publicados por el Ministerio de Hacienda, este monto pasó de $325 millones en marzo de 2020 a $421 millones en marzo de 2021, lo que significa un aumento de $95.6 millones más.
Estos son intereses que han comenzado a pagarse por una serie de préstamos adquiridos el año pasado para hacer frente a la pandemia.
De los $421 millones pagados este año, $170.5 millones han sido destinados para pagar intereses de Letras del Tesoro (Letes) ($48.9 millones), Certificados de Inversión Previsional (CIP) ($58.6 millones) y bonos internos ($43.9 millones).
Pero además se han destinado $250.5 millones para el pago de intereses de préstamos externos. $211.0 millones corresponden a deuda en Bonos y el resto corresponde a préstamos.
Una de esas deudas adquiridas en el último año, precisamente la colocación de $1,000 millones en Eurobonos que fueron adquiridos a 9.5 %, una de las tasas de interés más altas en la historia del país.
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Solo esta emisión le representará a la nación una erogación anual de $95 millones en intereses.
Entre los préstamos externos también se cuenta el de $389 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional, cuya tasa de interés fue de 2 %, por ser un organismo multilateral que ofrecía créditos para solventar la crisis por la pandemia.
Pero en total, el país ha tenido que desembolsar este año $1,225.2 millones en concepto de servicio de la deuda (capital más intereses) de los cuales $725.6 millones son amortizaciones hechas a préstamos internos, sobre todo Letes y el resto son amortizaciones de préstamos externos, muchos de los cuales tienen periodos de gracia o se pagan hasta el final de un periodo específico.
En el último año el gobierno de Nayib Bukele ha agregado a la deuda total del país al menos $5,227 millones más respecto al saldo que dejó el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Los datos del Banco Central de Reserva muestran que hasta abril el saldo total ya asciende a $23,216.26 millones, una cifra que representa más del 90 % del Producto Interno Bruto (PIB) si se toma en cuenta que este es de aproximadamente $27,000 millones al año.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) está preocupada por el rápido endeudamiento que el país está teniendo y además, por las elevadas tasas de interés que se están pagando, producto del deterioro de la confianza de pago del país.
En su más reciente informe de coyuntura económica el tanque de pensamiento reitera que al destinar más dinero para pago de intereses, se reducen las posibilidades de financiar proyectos sociales importantes para el país.
Además, recuerda que por la crisis de la pandemia, los seis países que cayeron en impago de deuda el año pasado (Líbano, Surinam, Zambia, Belice, Argentina y Ecuador), tenían una ratio de deuda pública sobre PIB de entre 68.9% y 171.7%; solo uno, Ecuador, presentó un ratio más bajo que el de El Salvador.
¿A quiénes paga sus deudas El Salvador?
El perfil de la deuda indica que el 56 % de la deuda que tiene contratada el país actualmente paga tasas de interés desde el 6 % hasta el 9 %, lo que obliga al país a pagar grandes sumas de dinero por el dinero prestado.
Además, más del 60 % de sus acreedores son inversionistas particulares que siguen pendientes de las calificaciones crediticias del país y del impacto que puedan generar las decisiones políticas del actual gobierno.
La compañía estadounidense de asesoría y datos financieros, Bloomberg, señaló la semana pasada en una nota de análisis, que los bonos salvadoreños perdieron 3.05% en mayo. Este es “el peor desempeño en los mercados emergentes después de Papúa Nueva Guinea y Bielorrusia”, según reportó la compañía.
Esta caída representó inmediatamente un costo extra para la deuda del país, que si tuviera que salir a colocar más bonos en los próximos días, tendría que pagar tasas de interés por arriba del 9 % debido a su poca confianza de pago.
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Esto también se ha reflejado en las calificaciones de riesgo de agencias internacionales como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s, que tienen a El Salvador a un peldaño de caer en la peor categoría de calificación crediticia, lo que a su vez, complica que el gobierno obtenga préstamos baratos en el futuro.
Un ejemplo de ello son las Letras del Tesoro, un instrumento de deuda interna que ya superó su saldo límite de $1,424.1 millones y que ahora paga tasas de interés de más del 7 % mientras que hace cinco años pagaba tasas de entre 4 % y 5 % .
Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era, hasta hace poco, una de las alternativas de financiamiento que había comenzado a dar confianza a algunos inversionistas, según reportan los análisis de Bloomberg.
Sin embargo, después que la Asamblea Legislativa destituyera a magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General el 1 de mayo, las posibilidades de concretar este acuerdo han comenzado a tambalearse.
De no obtenerse un acuerdo con este organismo, el gobierno salvadoreño tendría que buscar otras fuentes de financiamiento o hacer una reestructuración de la fuente que aún no está clara.
Pero además, seguiría teniendo la desconfianza de pago internacional, lo que repercutiría nuevamente en que, al buscar préstamos, solo podría obtenerlos a elevadas tasas de interés.