Una situación fiscal y de deuda crítica, un estancamiento en la productividad y en las exportaciones, y pocos acuerdos y alianzas público-privadas son parte de los retos que encontrará el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, a partir del próximo 1 de junio y que deberían de ser su prioridad para que el país avance, según líderes de gremiales y economistas.
El punto de partida de este análisis es el tema del crecimiento económico, un factor que determina todo el contexto nacional y que continúa recorriendo un sendero con lento avance, ya que según cifras del Banco Mundial (BM) en 2018 se creció al 2.3 % en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), aunque las expectativas siguen siendo positivas para 2019 con un 2.6 % para el Banco Central de Reserva (BCR) y 2.5 % para el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En ese escenario el principal desafío que enfrentará El Salvador es el aumento de la productividad y la inversión, sobre todo del sector privado, con lo cual se puede aumentar la oferta exportable, los destinos, la generación de empleos y la recaudación tributaria, entre otros aspectos transversales de la economía.
Según el economista y asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Rigoberto Monge, la apuesta del nuevo gobierno, en sus primeros 100 días, debe de ser la de generación de nuevas condiciones para que en los próximos cinco años se recupere la productividad nacional, abriéndose a más productos y no solo dependiendo del sector servicios o de una dinámica donde las remesas han generado una “falsa estabilidad” económica.
Pero esto, a criterio de Monge, conlleva mejorar las condiciones y la confianza entre el gobierno y los empresarios, la cual en los últimos años se ha deteriorado porque no se han respetado instancias de diálogo y negociación.
“Nos hemos convertido en una economía que no ha logrado diversificarse y si eso se logra vamos a tener más crecimiento, pero necesitamos más entendimiento, mejor comunicación y transparencia entre los sectores productivos y el gobierno, creo que nuestro país necesita a gritos más inversión, más empleo y reducir los niveles de pobreza, no podemos tener al 35 % de la población en esta categoría”, consideró el economista.
Un aspecto puntual que Monge considera que no se está aprovechando es el de la unión aduanera del Triángulo Norte, algo que según los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), podría generar un 1 % adicional al crecimiento económico, ya que una de las principales trabas a la inversión privada que hay en el país es el excesivo protagonismo de la burocracia aduanal, por lo que esto se debería de desmontar.
“Estamos dejando pasar una oportunidad, nuestros vecinos lo están aprovechando pero nosotros, al tener una economía tan pequeña, lo que necesitamos es más integración a Guatemala y Honduras porque son dos mercados que están mostrando un gran dinamismo con este acuerdo”, agregó Monge.
Otro tema clave al que debe de darle respuesta el nuevo gobierno es el déficit fiscal, un aspecto que para el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal, es fundamental para que el gobierno pueda dar mejores servicios, depender menos de los subsidios para aliviar la pobreza y no caer en probables impagos ante los organismos internacionales.
“No podemos continuar bajo la actual situación fiscal donde hay un exceso de gasto corriente y endeudamiento interno y externo, hay que tomar decisiones para frenar estos aspectos para que el gobierno a largo plazo tenga liquidez y sea eficiente en su administración”, dijo.
Cifras del BCR, consolidadas con el Presupuesto General de la Nación para este año, aseguran que el déficit del Sector Público no Financiero (SPNF) para este año llegará al 3.7 % del PIB, el porcentaje más alto de los últimos tres años, que es de aproximadamente $972.8 millones, si se suman los compromisos previsionales.
Entre las decisiones que se deberán afrontar, de acuerdo con las referencia de Cardenal, están las observaciones del FMI , que proponen un ajuste fiscal del 2 % del PIB, un tema que según la Ley de Responsabilidad Fiscal corresponderá al nuevo gobierno porque el actual promovió una reforma para evitar su aplicación en 2018.
También está la revisión del esquema de subsidios y los refinanciamientos de deuda, los cuales se pueden replantear ante los organismos financieros internacionales cuando se logren cumplir varios aspectos del ajuste fiscal, explicó Monge.
Un elemento donde se pondrá a prueba la capacidad de construir acuerdos es en la ejecución de proyectos en la modalidad de asocio público-privado, algo donde las fuentes aseguran que no se está explotando esta alternativa de inversión, sobre todo para grandes proyectos de infraestructura y de modernización de obra pública.
Por último es fundamental aprovechar las ventajas competitivas de los Tratados de Libre Comercio, las cuales en los últimos cinco años no se han explotado en su totalidad y no han permitido que se diversifique, tanto los mercados como la oferta exportable, que sigue enfocada en la maquila, agroindustria y alimentos, puntualizó Monge.