El futuro de las relaciones comerciales y políticas entre El Salvador y Estados Unidos es algo que ha generado incertidumbre en distintos sectores, sobre todo, luego del anuncio que hizo la encargada de Negocios de la embajada de ese país, Jean Manes, al afirmar que esta semana dejará su cargo y regresará a territorio estadounidense.
Lo que Manes calificó como un "puente" para gestionar las relaciones entre ambos países se ha visto deteriorado en los últimos meses, específicamente desde que los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa dieron un golpe al Órgano Judicial, y desde que el Departamento de Estado de EE.UU. publicara la denominada Lista Engel que señala a varios funcionarios y allegados al gobierno por actos de corrupción.
Con el anuncio de retirada hecho hoy por Manes, el economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, señaló durante una conferencia especializada en la que participó con otros economistas, que las relaciones políticas y, sobre todo, económicas con Estados Unidos entrarán a una "nueva etapa", en la cual el principal socio comercial de El Salvador ya no optará por aplicar una política de "soft power" ante el deterioro democrático e institucional que ha habido por causa del gobierno salvadoreño.
Además, recalca que luego de los eventos del 1 de mayo, el día que los diputados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General, lo primero que se trató de abordar o discutir fueron las sanciones de parte del gobierno de Joe Biden que acarrearían esos actos.
Por ello, y aunque un bloqueo a las remesas (que son uno de los principales motores económicos del país) aún se ve como una posibilidad remota, Castaneda apunta a que "debemos vernos en el espejo de Nicaragua", un país que, por culpa del régimen impuesto por Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, está en una situación delicada que podría afectar profundamente su economía.
Lo anterior debido a que el gobierno de Biden evalúa endurecer las sanciones contra la administración de Ortega, a la cual ya le prohibió el ingreso a territorio estadounidense a todos sus funcionarios, incluyendo al mismo presidente, así como estudia la posibilidad de excluir al país centroamericano del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).
A este deterioro en las relaciones con Estados Unidos se suma el estancamiento de las negociaciones entre el gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que la semana anterior aclaró que, por el momento, no discute un acuerdo económico que le otorgaría al país hasta $1,300 millones para solucionar la crisis fiscal que atraviesa.
Esta falta de avances en las negociaciones "son preocupantes" según el economista del ICEFI, pues significan un "aislamiento en el que está cayendo el país con respecto a los organismos multilaterales", algo que no le permitiría acceder a otras fuentes de financiamiento debido a la poca confianza que tienen los inversionistas.
Sin embargo, Castaneda apunta que ha sido el mismo gobierno el que se ha cerrado las puertas al financiamiento con acciones como la aprobación de la Ley Bitcoin y el reciente anuncio sobre la colocación de bonos por cantidades millonarias en esa criptomoneda, además de la crisis en las relaciones bilaterales con la Casa Blanca.