Sumado a las dificultades económicas del último año, el costo más grande para el sector empresarial sigue siendo el pago de extorsiones, según afirma el presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), Ernesto Soler.
“Sigue afectando por el tema de que las pandillas dominan territorios donde se distribuyen producto. Obviamente pagar una renta o extorsión es financiar el terrorismo en este país”, afirmó el empresario.
De acuerdo con Soler, la realidad del país es que todas las personas que usan transporte público o quienes entran a colonias controladas por las pandillas pagan renta.
Los camiones distribuidores de productos, por ejemplo, deben pagar desde $5 por entrar a las colonias y hasta $100 quincenales o mensuales, incluso pagan aguinaldo en fin de año, dice Soler.
“Hay zonas que se pusieron muy complicadas, que secuestraban a los conductores y a los camiones y los transportistas decidieron no entrar a eso lugares por resguardo de la vida y el incremento de costos que representaba”, explicó Soler.
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El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal), Federico Hernández, dijo que la extorsión sigue estando presente y que las pandillas siguen controlando buena parte de las rutas comerciales del país a través del pago obligatorio de “peajes” y otras denominaciones.
“Socios nuestros de todo el país se quejan de lo mismo y manifiestan que esa realidad no ha variado desde hace años”, mencionó .
Hernández no detalló cifras pues afirma que en los sondeos que la gremial hace entre sus socios, muy pocos aceptan responder a ese tipo de preguntas.
“Y desde luego entendemos sus razones. Pero eso significa que existe una cifra negra altísima en el tema de las extorsiones”, aseveró.
Según datos de la Camarasal, los empresarios hace tiempo dejaron de denunciar este delito.
De acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en marzo de este año y con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), durante la emergencia por COVID-19 en 2020, la extorsión continuó, aunque un menor número de víctimas presentó sus denuncias debido a las restricciones a la movilidad.
Pero que a partir de julio 2020, se observa que estos crímenes empiezan a retornar a niveles similares a los que se tenían en años previos.
En el informe los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que durante marzo y junio de 2020 las extorsiones, robos y hurtos disminuyeron en 55% en comparación con el mismo periodo en 2019 y un 49% en contraste con el 2018.
El estudio del BID también retoma los resultados de la Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, realizada la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) de 2017.
La encuesta arrojó que entre las víctimas de delitos, el 70% eran microempresas y el tipo de delito más común fue la extorsión (49%), seguido del robo (30%).
También se reveló otro dato interesante y es que cuando las empresas son lo suficientemente grandes; por ejemplo, de 21 a 25 empleados, aparentemente se convierten en un objetivo de extorsión más atractivo.
Estas empresas tienen un costo total promedio en torno al crimen de alrededor del 8% de sus ventas anuales, es decir, por cada dólar en ventas anuales, en promedio, gastan $0.08 en prevenir delitos, como pago de seguridad, por ejemplo.
Otro análisis realizado por los economistas de Estados Unidos, Zach Y. Brown, Eduardo Montero, Carlos Schmidt Padilla y María Micaela Sviatschi; publicado el 30 de marzo pasado en Promarket de The Stigler Center at the University of Chicago Booth School of Busines, revela que entre 2012 y 2019 las empresas realizaron 50,000 pagos de extorsiones.
“Los datos cubren más de 50,000 pagos de extorsión hechos a pandillas por camioneros mientras realizaban una entrega entre 2012 y 2019”, señalan los autores.
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Costos se suman a alza en precios de fletes
El pago de las extorsiones se suma a otros costos que los pequeños empresarios están enfrentando y que se han elevado desde el último año, como el costo de las materias primas y los fletes.
Según el presidente de ADES, el alza en el precio de los fletes incrementará proporcionalmente los costos de los productos transportados y, por ende, los precios finales de todos los productos distribuidos.
Los productos de bajo valor serán más afectados por incrementos de los fletes ya que ese costo se le suma a una base menor de la producción, dijo Soler.
“Los fletes marítimos por China que está resurgiendo y el problema que se dio en el canal de Egipto han incrementado, en algunos casos han duplicado los precios. Eso obviamente aumenta el precio de todo e impactará en la cadena de distribución”, afirmó Soler.
Hernández por su lado dice que el aumento en los precios de combustible y fletes siempre tiene un impacto directo en la economía nacional, pues su columna vertebral es el sector logístico.
“Si la movilidad de mercancías se ve impactada de manera directa, el impacto negativo sobre el resto de la economía no tardará en hacerse sentir”, agregó.
El rubro comercio es afectado porque sus costos suben, ya sea para movilizar sus productos internamente o para exportarlos, dijo.
“Este problema viene a darse en un momento muy inoportuno, porque la economía todavía no se recupera del golpe que sufrió por la pandemia y por la larga cuarentena impuesta por el gobierno”, apuntó.
Según Hernández aún no se puede decir qué productos son los que resentirán más el incremento, pero los más afectados son los pequeños negocios, porque no cuentan con capacidad de maniobra para sortear las dificultades económicas.