La calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, (“Moody’s”) cambió ayer de estable a positiva la perspectiva de calificación de El Salvador debido a dos factores: han reducido “sustancialmente” los riesgos de liquidez y ha mejorado las condiciones comerciales que podrían impulsar la inversión privada y el crecimiento económico.
Aunque no modificó la calificación B3 del país, el informe destaca que “El Salvador refleja altos índices de deuda pública y una creciente carga de intereses”.
Además señala que “las instituciones de El Salvador siguen siendo débiles, dada la baja efectividad de la política fiscal, en relación con su ley de responsabilidad fiscal y su débil Estado de Derecho”.
De acuerdo al informe de la calificadora, el país debe mejorar en algunas áreas. “Los desafíos persistentes de seguridad interna, así como una historia de confrontaciones políticas entre los poderes ejecutivo y legislativo se incorporan a la calificación actual”, dice Moody’s.
El pasado 9 de febrero, el Ejecutivo militarizó la Asamblea Legislativa, luego que los diputados no le autorizaban negociar un crédito por $109 millones para la tercera fase del plan de seguridad.
Pero el primer factor que consideró la calificadora para cambiar la perspectiva a positiva es que el actual gobierno logró los votos necesarios en la Asamblea para aprobar el presupuesto 2020 en diciembre pasado y para contraer deuda a largo plazo para financiar el déficit fiscal para este año, indica el informe.
“Este fue un avance significativo ya que el presidente Nayib Bukele, quien asumió el cargo en junio de 2019, solo tiene una pequeña representación de partido en la Asamblea Legislativa y se requiere un voto mayoritario de dos tercios para asegurar el financiamiento a largo plazo”, apunta Moody’s.
También menciona que en los últimos tres años, los gobiernos de turno demostraron que se puede trabajar juntos para aprobar los presupuestos “totalmente financiados”, pero recuerda que en el pasado “la animosidad y las diferencias políticas impedían que las partes llegaran a acuerdos necesarios para autorizar presupuestos y financiamiento a largo plazo”, lo que condujo a mayores riesgos de liquidez y obligó al gobierno a emitir mayores cantidades de deuda a corto plazo (Letes o Letras del Tesoro), entre otras medidas.
Sin embargo, destaca que en la actual gestión “los riesgos de liquidez del gobierno ahora son significativamente más bajos ya que el gobierno puede emitir deuda a largo plazo en los mercados financieros mundiales y, en consecuencia, tiene una menor necesidad de depender de Letes para el financiamiento del presupuesto”.
Según datos de Moody’s, las Letes han rondado los $800 y $900 millones durante dos años, aunque alcanzaron los $1,000 millones en enero.
Pero la calificadora destaca que el país enfrenta un cronograma de amortización de la deuda “relativamente benigno” en los próximos años con pagos de deuda no elevados hasta 2023.
“Las amortizaciones de deuda a largo plazo ascenderán a alrededor de $500 millones (1.8% del PIB) anualmente en 2020-22 y aumentará en 2023 con un pago de eurobonos de $ 1.1 mil millones (4.0% del PIB) que vence ese año”, apunta.
Mejores condiciones de negocios
Sobre el segundo factor que influyó en la mejor calificación, Moody’s explica que se debe a que el actual gobierno “ha tomado medidas para impulsar la inversión privada”.
De acuerdo al informe, “además de mejorar el diálogo con la comunidad empresarial, las autoridades han reducido los trámites burocráticos y los cuellos de botella reglamentarios para mejorar las condiciones comerciales”, por lo que destaca la creación de un ente que facilita la inversión privada, en contraste con gobiernos anteriores.
La calificadora también indica que las medidas que ha tomado la actual gestión en seguridad pública “ha sido una consideración clave detrás de las decisiones de las empresas de realizar negocios en áreas que anteriormente estaban fuera de los límites”.
Ante estas consideraciones, Moody’s dice que “si se mantienen estas iniciativas, el impulso positivo resultante podría respaldar mayores niveles de inversión en los próximos años contribuyendo a elevar el crecimiento por encima de la actual tasa de crecimiento potencial de 2% de El Salvador”.
El dato contrasta con las expectativas del gobierno de que la economía pueda crecer hasta un 2.5% este año. Sin embargo, economistas han advertido que la economía enfrentará un fuerte impacto por la inminente llegada del coronavirus y que, incluso, la economía podría tener una caída.
El informe de la calificadora apunta que el crecimiento económico salvadoreño ha sido “relativamente débil” en la última década con un aumento del PIB a una tasa anual promedio de 2.4% entre 2010 y 2019.
Moody’s también dice la calificación B3 que mantiene El Salvador refleja “la dependencia económica de las remesas y las exportaciones de bajo valor agregado a los Estados Unidos”. Dicha calificación es otorgada economías con tasas de crecimiento del PIB relativamente bajas.
Añade que si bien la dolarización elimina el riesgo de choques cambiarios en el balance del gobierno, limita las opciones de política de las autoridades.
“Si bien el déficit fiscal se ha reducido gradualmente desde 2014, lo que refleja mejoras en el saldo primario, las tendencias fiscales adversas no respaldan la estabilización de la deuda”, señala el informe.