Hasta $24 millones de fondos que estaban destinados para enfrentar la pandemia por Covid-19 habrían sido, presuntamente, malversados por hasta 66 alcaldías, según los señalamientos que ha hecho el Ministerio de Hacienda a través de su titular, Alejandro Zelaya.
En una rueda de prensa, luego de presentar los respectivos avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR), Zelaya también afirmó que está en proceso presentar a otras 80 alcaldías más en las que se han encontrado ese tipo de hallazgos relacionados s los fondos que recibieron las comunas entre 2020 y los primeros meses de 2021.
Si bien es cierto hay alcaldías que están siendo señaladas por montos relativamente bajos, Hacienda asegura que otras municipales pudieron haber hecho uso irregular de los fondos en cantidades de hasta más de $1 millón, como en el caso de San Salvador, o $900,000 para el caso de Santa Tecla.
Otras alcaldías que, presuntamente, cometieron esas irregularidades son la de Sonsonate, Santa Ana, San Martín, Quezaltepeque, entre otras. Según Zelaya, se auditará al total de 262 alcaldías del país.
Dentro de los supuestos $s4 millones que las alcaldías señaladas han "malversado", Zelaya agregó que, por lo menos, $2.7 millones se utilizaron en operaciones que no fueron documentadas. Lo restante de esa suma ($24 millones), según el funcionario habrían sido ocupados en actividades como el pago de salarios o el pago de proveedores, algo que podría adquirir sentido debido a que el período auditado coincide con los meses en los que el Ejecutivo no realizó las transferencias del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las alcaldías, principalmente la de los municipios pequeños.
De acuerdo con el funcionario, los delitos hacia los que se estarían perfilando estos hallazgos son el de peculado y el de malversación de fondos, pues señaló que en el decreto 608, bajo el cual se aprobaron esos fondos Covid-19, se establecía que no era posible transferir fondos desde esa cuenta hacia la cuenta común con la cual funcionan las municipalidades.
Ejecutivo también ha sido señalado
Los avisos interpuestos por Hacienda coinciden con los que recientemente puso también la Corte de Cuentas, institución que el pasado lunes 10 de enero afirmó haber encontrado irregularidades por hasta $7 millones en los fondos que se le entregaron a unas 9 alcaldías, esto como parte del “plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia por la pandemia”, que abarca desde “el año 2020 hasta el 30 de abril de 2021”.
En meses anteriores, además, la CCR ya había hecho público un extenso informe en los que señalaba una serie de reparos a distintas instituciones de gobierno, como el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), dos de las carteras de Estado que más recursos utilizaron durante el decreto de emergencia por Covid-19, y cuyos titulares se valieron para autorizar compras directas de forma irregular y sin los procedimientos que exige la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de la Administración Pública (Lacap).
En el marco de esos hallazgos, la CCR envió tanto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, como al ministro de Salud, Francisco Alabí, a un juicio de cuentas ante la falta de claridad en la utilización de esos fondos, de los cuales algunos fueron utilizados para pintar fachadas de hospitales y no para la compra de equipos específicos para enfrentar la pandemia.
Además, en ese mismo informe, la Corte de Cuentas encontró que el Gobierno había pagado hasta $891,000 en la compra de aires acondicionados a una empresa que, al menos hasta junio de 2020, perteneció al actual jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y en la compra de pintura para las fachadas de la Red Nacional de Hospitales.
En otra de las auditorías que realizó la Corte de Cuentas, el mismo Ministerio de Hacienda fue señalado por haber hecho transferencias de fondos por hasta $1,000 millones y sin justificación a instituciones como Bandesal y al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), un fondo que ha sido ampliamente cuestionado porque su valor se multiplicó durante la pandemia hasta en un 6,400%.
Sobre este tipo de reparos que hizo la CCR en su momento, ni el gobierno central ni la Fiscalía se han pronunciado, a pesar de que la misma Corte dio aviso sobre esas irregularidades.
Asimismo, distintos abogados y expertos en temas sobre corrupción, coinciden en que la Corte de Cuentas debería actuar con la misma rigurosidad, con la que señala a las alcaldías, en las irregularidades de las instituciones de gobierno, pues hasta el momento no se conoce la totalidad de las auditorías que esa entidad realizó a las principales carteras de Estado que administraron o recibieron fondos durante la pandemia por coronavirus.
El Diario de Hoy intentó contactarse con la presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (Comures), Milagro Navas, para conocer su valoración al respecto pero, al cierre de esta nota, todavía no había respuesta.