El gobierno comenzó hoy a repartir dinero a 22,000 pescadores a nivel nacional, basado en un supuesto censo que realizó el Ministerio de Agricutura y Ganadería (MAG) para conocer el número de personas que se dedican a la pesca y que tuvieron pérdidas por la tormenta Eta. De acuerdo a los datos del gobierno, son $2.2 millones destinados a este sector.
Se consultó a pescadores del Puerto de La Libertad y confirmaron que les andan “regalando” $100 a cada pescador y que solo les piden que presenten el DUI para darles el dinero. Sin embargo, en la información que ha dado a conocer el gobierno no se explica de dónde salen los fondos del subsidio para los pescadores o si reorientó fondos de alguna partida para ello, solamente indica que se trata de un “subsidio” ante la “suspensión de las actividades pesqueras por el paso del fenómeno natural Eta”.
Se preguntó al MAG, a través de la oficina de comunicaciones, de dónde salen los recursos destinados a este “subsidio”, pero al cierre de esta nota aún no se había tenido una respuesta de parte de las autoridades.
La entrega de los $100 a los trabajadores del sector ocurre en momentos que el MAG está siendo investigado por la Corte de Cuentas ya que el Ministro de esa cartera de Estado, Pablo Anliker, se ha negado a rendir cuentas del uso de recursos durante la pandemia. Además, en reiteradas ocasiones se ha negado a acudir a la Asamblea Legislativa a explicar en qué ha gastado el dinero público. A eso se suma que la Fiscalía General también tiene bajo investigación al ministerio dirigido por Anliker, donde han realizado allanamientos esta semana.
A mediados de agosto una misiva firmada por los tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), la entidad fiscalizadora le pidió al presidente de la República, Nayib Bukele, que girara instrucciones al Ministro de Agricultura para que proporcione a la entidad contralora toda la información sobre los gastos realizados por dicha institución para la emergencia, que le han requerido desde el 22 de mayo.
Los magistrados hicieron ver en esa nota que el funcionario se ha negado reiteradamente a brindar apoyo a los auditores de la CCR y que lejos de eso lo que ha venido solicitando son prórrogas para no someterse al proceso de verificación de los gastos, contrariando así la ley de la Corte de Cuentas y la responsabilidad que como titular de Agricultura tiene con el ente contralor.
Recientemente, el Ministerio de Trabajo cerró oficinas dentro de la Corte de Cuentas donde se realizaban auditorías al MAG, entre otras instancias de gobierno, bajo el argumento que no cumplían con medidas sanitarias.
La Corte de Cuentas inició el plan de fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la emergencia nacional por COVID-19 desde el día 14 de abril de 2020.