La manera cómo se aprobó la ley y la falta de claridad en la redacción de los artículos no genera la certidumbre requerida, según el análisis que hace la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
"Es inconstitucional establecer como obligatoria la aceptación de este activo como medio de pago, sin la alternativa de que las partes puedan pactar, conforme con la libertad de contratación, el uso de otros medios de pago", se plasma en el escrito.
Para los expertos de Fusades la Ley Bitcoin posee disposiciones que son violatorias de la seguridad jurídica, por no contener los elementos suficientes para dotar de contenido a conceptos jurídicos indeterminados, como “agente económico” o “acceso a tecnologías”.
Las leyes deben ser claras en sí mismas, para que los reglamentos y demás normativas técnicas complementarias que se emitan no vayan más allá de los parámetros que la misma ley brinda, pues esto sería inconstitucional, señalan.
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Cuestionan además que no existen mecanismos adecuados para responder a los riesgos de lavado de dinero que implican las transacciones con activos virtuales, por la dificultad para trazar los movimientos monetarios.
"Aunque ya existen algunos estándares internacionales, estos no han sido incorporados en la legislación de El Salvador", señalan.
De acuerdo a la ley el Gobierno ha dicho que los ciudadanos pueden pagar sus tributos con Bitcoin, sin embargo según el análisis, existen también vacíos sobre la forma en la que el Estado gestionará el sistema tributario para las transacciones con activos virtuales, en cuanto a la posibilidad técnica de cobrar impuestos, pero también en cuanto a la forma de protegerse de la fluctuación constante de la moneda cuando acepte Bitcoin como pago de tributos.
La entidad recomienda que es indispensable que se reforme la Ley Bitcoin para eliminar las inconstitucionalidades que contiene: la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal y la obligatoriedad de aceptar ese activo virtual como medio de pago.
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Además se debe establecer que en las relaciones jurídicas donde exista una parte que requiera de protección especial, como en los casos de los salarios, las pensiones, o los bienes de familia, no se debe imponer el Bitcoin como medio de pago a quienes deben recibirlo.
El Gobierno también ha dicho que se creará un Fideicomiso por $150 millones, Fusades dice que se debe clarificar cómo funcionará el fideicomiso que realizará el cambio de Bitcoins a dólares y cómo se resguardará de los riesgos de las fluctuaciones, pues se trata de dinero público.
