Hace más de tres años, el actual asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, ya había expresado su desacuerdo sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
Siendo asesor legal de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Argueta señaló en agosto de 2018 que el proyecto que el FMLN presentó en esa oportunidad para implementar las ZEE en vez de facilitar el desarrollo empresarial, imponía montos altos de inversión, implicaba exceso de burocracia, más gastos administrativos y que no tenía las condiciones necesarias para atraer a un inversionista nuevo al país.
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“(La Ley ZEE) está tomando en cuenta condiciones, procedimientos y elementos sumamente diferentes a los que proponemos, que no resuelven el problema de la falta de empleo, la tranquilidad y la seguridad jurídica que se le debe dar a un inversionista”, explicó Argueta en aquella oportunidad.
También expresó que el temor del sector privado era “que esta ley ya esté diseñada para algunos países o empresas que puedan venir a pagar favores políticos”.
De acuerdo a palabras del ahora asesor jurídico de la presidencia: “En El Salvador no necesitamos ni que nos regalen ni que nos financien proyectos que después van a ser cobrados con financiamientos de campaña política y va a salir peor la solución que inicialmente se pudo tener”.
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