El 30 de abril, un inversionista que tenía un bono salvadoreño con vencimiento a 2035 y lo había comprado a $100, lo podía vender a un precio de $104.35, pues la confianza nacional era estable y su precio fluctuaba similar al de otros países.
Pero ahora, al 9 de agosto, ese mismo bono lo vendería a $83.8, es decir que contrario a ganarle unos dólares, lo que obtendría sería una pérdida de $16.2 del valor al que lo compró pues desde el 1 de mayo El Salvador se ha vuelto más riesgoso de caer en impago.
Este es el ejemplo que expone el economista Ricardo Castaneda para mostrar las consecuencias económicas que ha acarreado la destitución del fiscal general y cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia desde el 1 de mayo, con la instalación de la nueva Asamblea Legislativa.
Lo mismo ocurre con otros bonos salvadoreños con vencimiento a 2029 (ver gráfica) o el bono 2050, que han perdido su valor en los últimos meses tras las decisiones políticas de Nayib Bukele y su gobierno.
Su precio ha ido en picada desde la instalación de la nueva Asamblea y contrario a recuperarse ha ido en descenso desde que anunció que implementaría el Bitcoin como moneda de curso legal.
Del lado del emisor, en este caso el gobierno salvadoreño, cuanto menor sea el precio del bono, más tasas de interés debe pagar, por lo que la caída de estos instrumentos financieros es una mala noticia para las finanzas nacionales pues son menos recursos que tiene a disposición para otros proyectos.
Si en estos momentos el gobierno saliera a colocar bonos para obtener dinero para sus gastos tendría que pagar una tasa de interés de más del 10 %, la más alta en su historia.
Cae el precio de los bonos salvadoreños tras anuncio de Bukele de legalizar Bitcoin como moneda
Y su caída ha sido peor desde el 30 de julio cuando la agencia Moody’s dio a El Salvador una calificación crediticia de Caa1, la más baja en su historia y con la cual los bonos se catalogan como “bonos basura” o de alto riesgo de pago.
Esta calificación es un indicador que los inversionistas toman en cuenta para decidir si le prestan dinero a un gobierno y a qué precio deben prestarlo de acuerdo al riesgo que representan sus finanzas.
Castaneda explica que uno de los grandes problemas que ha agravado la situación económica ha sido el anuncio del Bitcoin, del que el gobierno aún no presenta estudios técnicos ni un reglamento que definiría cómo será su aplicación.
“A estas alturas, el gobierno debería tener claro que sino se quiere quedar sin oxígeno financiero, y lograr el acuerdo con el FMI, esa ley no debe entrar en vigencia”, explicó el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para El Salvador y Honduras.
Cuentas por pagar se acumulan este mes y el próximo
Mientras en el mercado internacional la credibilidad del país sigue cayendo, en el mercado local se acumulan las cuentas por pagar.
Este lunes 9 de agosto venció un pago de $32.6 millones en Letras del Tesoro (Letes) y el 21 de agosto tiene otro pago de $63.5 millones. Pero es en septiembre que tendrá que pagar una suma de $645 millones en Certificados del Tesoro (Cetes).
Estos pagos se complican tomando en cuenta que el gobierno tendría que tener financiamiento rápido a través de un préstamo de más largo plazo.
Pero para hacerlo tendría que emitir bonos a una alta tasa de interés o conseguir el respaldo financiero a través de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un acuerdo que cada vez es menos probable debido a las decisiones políticas que está tomando el gobierno de Bukele.