Desde hoy los salvadoreños ya no pagarán más la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) que cargaba un 5 % a la compra de servicios o productos de telecomunicaciones, un pago adicional e ilegal que duró cinco años.
La ley, creada el 4 de noviembre de 2015 estipulaba que el impuesto solo tendría una vigencia de 5 años, por lo que la contribución venció este 4 de noviembre a la media noche.
Y aunque estaba a punto de concluir, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que concluyó que nunca fue una “contribución especial” sino un impuesto disfrazado, un doble cobro tributario que pagaron los ciudadanos porque ya cancelan el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
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Durante cinco años los salvadoreños tuvieron que pagar $0.05 más por cada dólar en recargas de saldo o cuando compraban un plan telefónico o un aparato telefónico, incluidos sus accesorios, bajo el argumento de que era dinero necesario para financiar la seguridad.
Este cobro, aprobado durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén, fue catalogado por la Sala como “inconstitucional”, pero explicó que el dinero cobrado por este concepto no será devuelto a los salvadoreños.
Según el Ministerio de Hacienda, desde octubre de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2020 el Gobierno recaudó $537.6 millones por esta “contribución”.
Solo en 2020, al 30 de septiembre el Gobierno ha recaudado un total de $33.9 millones en concepto de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) cobrado a los ciudadanos y $80.4 millones en impuestos a la seguridad ciudadana provenientes de los grandes contribuyentes.
En promedio, durante los últimos tres años la recaudación fue de $48.4 millones anuales para las personas naturales y jurídicas y un promedio de $69 millones cobrados a los grandes contribuyentes.
Sin embargo, el Ejecutivo pretende que los grandes contribuyentes sigan pagando ese impuesto pero subirlo al 8%.
El ministerio de Hacienda presentó el mes pasado a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para que los grandes contribuyentes (con más de $500,000 de ingresos) sigan pagando una contribución del 5 % por un año más para la seguridad pública y que el incremento al 8% que anunció el jueves en una entrevista el ministro, Alejandro Zelaya, se active hasta abril de 2022.