Como balde de agua fría les ha caído a los restauranteros y distribuidores la propuesta de pagar un 5 % extra de impuesto a la comida rápida, golosinas, refrescos y productos desechables, entre otros, que ha hecho la diputada disidente de ARENA, Milena Mayorga.
El presidente de la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES) Leo Guzmán, dijo que lo que menos necesitan en este momento es un impuesto más.
“Estamos tratando de salir adelante los que seguimos y de conservar empleos y que estén hablando de crear más impuestos no es correcto. Tenemos que pagar IVA, le pagamos al delivery el 15 % y ahora con esto que viene del huracán las ventas son más bajas”, dijo Guzmán.
Por su parte el presidente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) Ernesto Soler, dijo que un impuesto más es totalmente contraproducente, cuando lo que intentan es levantar la economía.
Solo, debido al cierre económico un 15 % de las micro y pequeñas empresas que ellos atienden cerraron y de las 90,000 tiendas que proveen han bajado sus compras en un 25 %.
“Lo único que podemos comentar es que cómo está la situación del país y con la economía contrayéndose no es posible seguir poniéndole mas impuestos al consumo. Lo que necesitamos son incentivos fiscales para acelerar la recuperación económica después del encierro”, dijo Soler.
Más contracción económica y desempleo
El presidente de ADES añadió que es evidente la contracción de la economía y el consumo, por falta de liquidez y debido a eso “muchas micro y pequeña empresas han cerrado, mayormente restaurantes y negocios que no lograron levantarse de nuevo después de un encierro tan fuerte”, dijo Soler.
La desesperada búsqueda de un préstamo para salvar un negocio
Una encuesta presentada en junio por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) indicaba que más de 500 empresas tuvieron que cerrar porque su situación se volvió insostenible.
Según la encuesta, el principal impacto provocado por el cierre de las actividades es la caída de ingresos por ventas de hasta el 75%, lo cual afecta a 86 de cada 100 empresas que mantienen una operación parcial.
Y en la última encuesta presentada por la Camarasal a finales de octubre, seis de cada diez de las empresas consultadas consideran que tardarán entre 10 meses a un año para lograr recuperarse con las cifras que manejaban antes del cierre económico.
El sondeo también reveló que el 2 % de los encuestados tuvo que cerrar sus operaciones de manera definitiva y otro 7 % aún no abre a pesar de la reapertura económica.
Este último 7 % está en riesgo de cerrar de manera definitiva, según dijo en ese momento Jorge Hasbún, presidente de la Cámara.