Representantes de la Asociación de Importadores de Vehículos de El Salvador (AIVES) solicitan a la nueva Asamblea Legislativa que escuchen su opinión y revisen nuevamente la Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y uso de medios de Transporte Eléctricos e Híbridos que fue aprobada en septiembre del año pasado por la legislatura anterior.
De acuerdo con Miguel Angel Urquilla, apoderado Legal de AIVES, esta ley incluye dos artículos que afectan toda la cadena de importación de vehículos usados, que dan trabajo a miles de personas en El Salvador, pero además, afecta al gobierno mismo pues deja de percibir casi $100 millones anuales en impuestos directos.
Estos artículos son el 8 y el 9, que establecen exenciones arancelarias para vehículos eléctricos e híbridos, pero también exige que no tengan una antigüedad mayor a tres años y que además, cuenten con baterías eléctricas nuevas.
Para Urquilla, solo la batería representa el 60 % del valor del vehículo, lo que no es viable para el sector. Además la ley solicita un stock de repuestos y accesorios que, a juicio del abogado, no son competencia del importador.
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Urquilla afirma que antes de que se aprobara la ley enviaron notas a la Comisión de Obras Públicas en la Asamblea Legislativa para exponer estos puntos a los diputados.
Sin embargo, no fueron llamados y la ley terminó aprobándose. “No nos escucharon, la aprobaron sin consultar a los sectores”, achacó.
Por su parte Rafael Menjívar, representante en la Junta Directiva de la Asociación, advirtió que es probable que sus declaraciones se interpreten como si el sector estuviera en contra de sumarse a la importación de vehículos eléctricos, que es ahora mismo una tendencia a nivel mundial.
Sin embargo aclaró que su principal objetivo es que la ley sea consensuada para que no hayan sectores afectados.
“Estamos totalmente de acuerdo en el tema medioambiental y estamos conscientes que este tipo de movilidad va a ser amigable con el medio ambiente y beneficiosa para la economía, pero no se nos escuchó”, afirmó.
Según Menjívar, se estima que en el país hay aproximadamente 2,000 personas que se dedican a la importación de vehículos usados, según el registro de aduanas, pero detrás de ellos hay toda una cadena productiva y logística que genera miles de empleos.
Entre ellos están desde los agentes aduanales y los tramitadores hasta los mecánicos, pintores y personal que repara aires acondicionados, entre otros.
Juan Antonio Benítez, también miembro de la Junta Directiva, recalcó que la Asociación no está en contra de que el país se sume a este cambio mundial y más bien aclaró que lo que exigen a los nuevos diputados es que se revisen requisitos que hoy por hoy no pueden cumplirse, según como está redactada la ley.
“Así tal cual está, se dificulta cumplir la mayoría de los requisitos que pide y esto dejaría un problema para la gran mayoría de los salvadoreños. Afectaría su bolsillo”, remarcó Benítez.
Urquilla reiteró a la nueva Asamblea Legislativa que los reciba y les permita discutir una posible reforma a la ley.