Tras las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos y que se aplicarán a funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele, el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda, considera que acciones como la implementación de la Ley Bitcoin pudieron haberse realizado con el fin de superar este tipo de penalidades.
Lo anterior se refiere a lo comunicado por el Departamento del Tesoro del país norteamericano entre el miércoles y ayer con respecto a la aplicación de la Ley Global Magnitsky sobre funcionarios como Carolina Recinos, jefa de gabinete de Bukele; Osiris Luna, director de Centros Penales y Carlos Marroquín, director de Tejido Social, a quienes se les ha congelado todo tipo de bienes relacionados con el sistema financiero estadounidense.
Las implicaciones que tiene esa ley se extienden a, básicamente, cualquier institución bancaria que esté relacionada con el sistema financiero de ese país, por lo que, según dijo Castaneda durante la entrevista matutina de TCS, es muy difícil encontrar bancos que no tengan esa relación.
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Castaneda señala que desde el momento en que fue aprobada la Ley Bitcoin, desde ICEFI se analizaron las posibles razones por las cuales se implementó esa criptomoneda y sugiere que evitar este tipo de medidas puede ser una de ellas.
"Si una persona no puede pasar dinero proveniente de actos de corrupción a través del sistema bancario convencional, el Bitcoin sí le puede dar esa oportunidad", explicó.
En este sentido, el tema Bitcoin ha sido ampliamente cuestionado por distintos sectores y asociaciones que trabajan en áreas como la economía y la transparencia, pues desde que fue aprobada sin apenas discusión en la Asamblea Legislativa, poco se conoce acerca de su verdadero beneficio en el país.
Además, la criptomoneda en el país ha estado envuelta en un ambiente donde no hay transparencia en los gastos públicos, sobre todo, porque hasta el momento no se sabe en poder de quién están los 1,370 bitcoins que el país ha adquirido y en los cuales ya se gastaron más de $168 millones de fondos públicos.
Sumado a esto, está el caso Chivo, una empresa creada con fondos estatales y que desde que lanzó su plataforma Chivo Wallet ha sido constantemente señalada por las fallas que incluyen robo o suplantación de identidad y pérdida de dinero de los usuarios sin que los responsables o el mismo gobierno hagan algo al respecto.
A propósito de Chivo, la jefa de Estado de Derecho y seguridad de Cristosal, Zaira Navas, recalcó que una de las señaladas "por liderar un esquema multimillonario de corrupción", como lo es Carolina Recinos, está vinculada directamente a esa empresa que se encarga de manejar los fondos en Bitcoin y en dólares de muchos salvadoreños.
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El 16 de septiembre de 2020, Recinos fue elegida directora suplente de la Empresa Transmisora de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, (ETESAL).
ETESAL es una de las empresas del grupo CEL, que, junto a la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán, es a su vez propietaria de la aplicación Chivo Wallet y de todos los cajeros que convierten Bitcoin a dólares desde el 7 de septiembre, fecha en que la criptomoneda tiene curso legal en el país.