Ante la falta de financiamiento internacional, el gobierno ha recurrido a inversionistas en el país para que le presten dinero a corto plazo, pero esta vez por bonos.
Aunque la Asamblea Legislativa le autorizó la semana pasada salir a buscar $300 millones en bonos, el Ministerio de Hacienda decidió solicitar menos, pues ayer ofertó $212,160,000 pero al final de la jornada logró que de esa cantidad le prestaran $210,160,000, según datos de la Bolsa de Valores.
De esa cantidad, $187,560,000 fueron adquiridos por bancos y entes financieros que operan en el país; mientras que las AFP (Administradoras del Fondo de Pensiones) le prestaron $15 millones, que es dinero de los ahorrantes.
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Asimismo, hubo un grupo de otros inversionistas que adquirieron $7,600,000 en bonos.
La tasa de interés que el Ejecutivo deberá cancelar a los inversionistas por esos fondos es de 7.5%.
De acuerdo a los datos en el portal de la Bolsa de Valores, fueron 17 ofertas que recibió el gobierno para colocar los bonos y hubo 4 que fueron rechazadas.
Este dinero que le han prestado al gobierno lo deberá pagar en dos años (2024), cuando por lo general, si se trata de bonos los plazos son más extensos, incluso hasta por 40 años, y son colocados en el mercado bursátil internacional. De hecho, en enero de 2023 la administración actual deberá pagar $800 millones por bonos adquiridos en 2002, es decir hace 20 años.
Esta es la primera vez que el Ejecutivo recurre a una colocación de bonos en el mercado interno, pues generalmente los instrumentos por los que pide fondos prestados es en concepto de Letras del Tesoro (Letes) y Certificados del Tesoro (Cetes).
Esta colocación, según han dicho algunos economistas, significa que las finanzas del Estado están muy apretadas y en vista que afuera no encuentra mayores opciones de obtener financiamiento han agotado a nivel interno.
Alto endeudamiento y sin acuerdo con el FMI
Eso es porque el gobierno ha estado en una encrucijada, pues aunque ha estado negociando desde el año pasado un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,300 millones, aún no ha logrado convencer al organismo para que le preste ese dinero y uno de los escollos ha sido la implementación del Bitcoin como moneda legal, además del alto endeudamiento que tiene esta administración.
La falta de ese acuerdo con el FMI también le ha cerrado el grifo con otros entes financieros internacionales para adquirir créditos. La excepción ha sido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual se ha convertido en la tabla de salvación del gobierno para financiar el 90% de los proyectos que ha ofrecido.
Impuestos pagados con “papeles”
El pasado 15 de febrero, la Asamblea le autorizó a Hacienda, cuya petición presentó el 11 de febrero, que de los $498.4 millones que le faltan para financiar el presupuesto 2022 pudiera colocar $300 millones en bonos.
Según la propuesta del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esos bonos que han adquirido los inversionistas los podrán pagar en concepto de impuestos, es decir a cambio de los “papeles” o títulos valores que fueron colocados ayer en la Bolsa de Valores.
A juicio de economistas como Rafael Lemus, Tatiana Marroquín y Rommel Rodríguez esa maniobra compromete ingresos futuros y traslada esa deuda para 2023 y para 2024, lo cual complicará las finanzas de esos años porque deberá pagar otras deudas adquiridas por el Estado.