Casi tres meses después que se aprobó la Ley Bitcoin y a tan solo 11 días para que esté vigente, el Gobierno recibirá auxilio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para contratar una empresa consultora que elaborará un “diagnóstico profundo del ecosistema del Bitcoin” para luego proponer los marcos regulatorios y legales necesarios para aumentar la penetración y adopción de esta criptomoneda en el país.
Aunque el Gobierno ya pidió dinero a la Asamblea para implementar el Bitcoin y ha anunciado 200 cajeros automáticos para convertir la criptomoneda a dólares, en el documento que contiene los términos de referencia para contratar la consultoría que ha dado a conocer el BCIE se exponen las deficiencias que el Ejecutivo ha tenido para implementar el Bitcoin, cuya ley ha sido criticada por aprobarse de forma inconsulta y sin ningún estudio previo.
Entre las trabas que admite el gobierno de Bukele están la inadecuada comprensión que han tenido no solo los ciudadanos, sino también los mismos funcionarios públicos, empresarios y formuladores de políticas para adoptar el uso del Bitcoin como moneda de curso legal.
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También se señala que no hay marcos regulatorios para abordar la legislación reciente y puntos tan esenciales como el acceso a la tecnología. “El GOES reconoce la importancia de abordar estos obstáculos y ha solicitado apoyo técnico y financiero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para abordar los problemas a través de esta cooperación técnica”, apunta el documento del organismo.
Todas estas deficiencias han sido expuestas por reconocidos abogados, economistas y organismos internacionales que desde que conocieron la propuesta de Bukele han insistido en los riesgos que implica para la economía nacional adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, siendo este un activo especulativo cuyo precio varía a cada minuto y realiza operaciones de forma descentralizada, es decir fuera del sistema financiero formal.
El BCIE es el único organismo financiero que le ha dado apoyo al proyecto de Bukele, pues otros como el Banco Mundial rechazaron la solicitud del gobierno de darles asistencia técnica debido a las “deficiencias de transparencia”.
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Al conocer el anuncio para la consultoría, la economista Tatiana Marroquín publicó en su cuenta de Twitter que el BCIE ha enumerado barreras de penetración “que se vienen mencionando desde hace rato y que incluso los mismos funcionarios del GOES niegan”.
Regulación no estará lista el 7 de septiembre
Sin embargo, las normativas que salgan de esta consultoría no estarán listas el 7 de septiembre, cuando la ley entre en vigor.
Pese a que la misma ley y el Gobierno establecieron 90 días para que se redactara un reglamento para su implementación, los términos de referencia del BCIE indican que tomará al menos 75 días para tener un documento final.
El 14 de septiembre el BCIE cerrará el plazo para recibir las ofertas para la consultoría y una vez que el organismo haya hecho la evaluación de las ofertas, el consultor contratado tendrá 75 días para presentar un informe sobre el tema.
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La consultoría tendrá un costo de hasta $85,000, dependiendo de las propuestas económicas que le presenten.
Hasta ahora solo se conocía una normativa técnica para implementar la Ley Bitcoin dirigida a los bancos y que ha sido publicada para consulta en el Banco Central de Reserva. Sin embargo, los comercios y sectores importantes como los exportadores, industriales y transportistas de carga se muestran preocupados porque la ley establece que será obligatorio recibirlo como forma de pago y hasta hoy no hay un documento que indique cómo se tendrá que usar.
Casetas y cajeros sin regulación
Aun sin contar con un diagnóstico formal sobre el Bitcoin, el Gobierno se ha lanzado a pedir fondos y a construir casetas con cajeros para hacer la conversión de la criptomoneda por dólares y entregar dinero en bitcoins a los que usen la billetera virtual estatal “Chivo”.
La semana pasada el Ministerio de Hacienda solicitó a la Asamblea Legislativa reorientar dinero de un préstamo del BCIE para ingresarlo al presupuesto 2021 y usar $205.3 millones para implementar el Bitcoin. Con este dinero se creará un Fideicomiso de $150 millones que serán manejado por Bandesal para la convertibilidad de la moneda; $30 millones para el bono de $30 por descargar la aplicación Chivo, entre otros gastos. Y sin revelar costos o a qué empresa ha contratado, el Gobierno ha construido casetas en los parques municipales para el uso de los cajeros de Bitcoin.