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Gobierno improvisará la entrada en vigencia de la ley Bitcoin

El presidente del BCR confirmó que aún se está elaborando la normativa y que para ello harán una “consulta pública” . Para economistas y abogados esto solo es más improvisación.

Por Karen Molina/Magdalena Reyes/Milton Rodríguez/Ricardo Avelar | Ago 16, 2021- 22:35

Rótulo de un negocio de lavandería de carros en San Salvador en el que ya se anuncia que se aceptará el Bitcoin como forma de pago. Foto EDH / Jessica Orellana

A 22 días de que entre en vigor la controversial e inconsulta Ley Bitcoin, el Gobierno no tiene elaborado el reglamento que definiría cómo será usado en los comercios y en el sistema financiero.

En su lugar, el presidente del Banco Central de Reserva, Douglas Rodríguez, dijo que se hará una “consulta pública”, pese a que el artículo 11 de la Ley ya daba un plazo de 90 días para que, junto a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), se emitiera una normativa para su uso antes de que la legislación se hiciera efectiva este próximo 7 de septiembre.

“Por ley tenemos que hacer una consulta pública... esa va a ser general y la consulta será a través del sitio web del Banco Central”, dijo Rodríguez, al confirmar que aún se está elaborando el reglamento.

Economistas y abogados consideran esto como una muestra más de la improvisación con la que el Gobierno ha procedido sobre esta Ley, que ha generado incertidumbre desde el primer día que Nayib Bukele la mencionó en un evento en Miami, EE. UU. Tres días después, sin mayor discusión en el Congreso, se aprobó con amplia mayoría.

“Es una irresponsabilidad que no haya reglamento”, opinó la economista Tatiana Marroquín.

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Y aun cuando el reglamento existiera, este “no va a corregir una mala ley hecha por principiantes. Es tiempo de abandonar el barco del Bitcoin antes que termine de hundir a El Salvador”, opinó el reconocido economista estadounidense Steve Hanke.

Por ahora, la falta de un reglamento que detalle los límites de la criptomoneda no hace más que atizar las dudas que la población ha tenido desde que el tema de la volátil criptomoneda surgió en junio.

Uno de los artículos más controversiales es el 7, que indica que todo agente económico (todo negocio) deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido.

Esta obligatoriedad es una de las mayores dudas que los comerciantes tienen y que justamente esperaban que se resolviera con el reglamento, aunque estos no pueden adversar la ley, solo aclararla.

La normativa, además, definiría cuáles serían los mecanismos para la convertibilidad de la moneda a dólares, el uso de una wallet estatal (monedero virtual) y otras medidas con las que se le facilitaría a los salvadoreños el uso de esta criptodivisa.

Sin embargo, a la fecha, ninguna de estas dudas está resuelta.

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¿Qué pasa si no hay reglamento?

Para el abogado constitucionalista Francisco Bertrand Galindo, en este caso “lo que sucedería es que la ley se mantendría inaplicable hasta no contar con el reglamento porque hay demasiadas cosas técnicas que tiene que ser resueltas y mientras no se diga cómo, no hay forma de poder saber cómo poder hacerlo”, explicó.

Pero para Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) es necesario que exista un reglamento sobre todo porque el artículo 7 conlleva una obligatoriedad a los agentes económicos.

“El reglamento sí puede y debe existir antes de la entrada en vigencia de la ley. ¿Para qué? Pues para que los sujetos obligados sepan a qué están obligados a partir de la entrada en vigencia de la ley”, afirmó en su cuenta de Twitter. “Ambos textos deben ser públicos antes de ser exigibles. Por lógica”, agregó.

El recién nombrado director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Nelson Morales, opinó que “no contar con un reglamento que establezca la forma en cómo funcionará esta moneda en el país genera aún más inseguridad”.

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Los únicos que apoyan la Ley Bitcoin son el presidente de la República, Nayib Bukele, sus funcionarios y los diputados de Nuevas Ideas que la aprobaron sin mayor deliberación, como la mayoría de las iniciativas que vienen del Ejecutivo.

Los detractores son más y sus credenciales son de peso: el Fondo Monetario Internacional, las agencias de calificación crediticia como Moody’s y Fitch Ratings y empresas de evaluación financiera como Barclays, de Inglaterra.

Todos coinciden en que el Bitcoin, como moneda de curso legal, tiene más riesgos que beneficios para la economía salvadoreña.

El gobierno, sin embargo, no ha rectificado ante las amplias voces de los expertos, muchos de los cuales apuntan que no es mejorando la ley, sino derogándola, que se puede proteger la economía y el bienestar de los salvadoreños.

Esto, pues las deficiencias de la ley no están en detalles de su texto, sino en la misma concepción. Como explicó Steve Hanke a este medio, “el primer error es creer que la fantasía de Bitcoin puede funcionar”.

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