Hasta 11,567 nuevas plazas en el sector público ha creado el gobierno desde octubre de 2019, de las cuales 2,557 fueron creadas en medio de la crisis económica que se incrementó por la pandemia de Covid-19, entre enero y junio de 2020.
Así lo reveló el Tercer Informe Situación País realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (OPP-UFG), presentado ayer.
De acuerdo con este informe, que ha tomado como base los datos publicados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en octubre de 2019, en el sector público había alrededor de 172,100 empleados estatales cotizando en el ISSS, mismos que incrementaron en los meses siguientes hasta los 176,478 en marzo de 2020 y luego a 179,000 en septiembre de ese año.
En esta tendencia, el período que más incrementó ese número de empleados fue entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, cuando la cantidad de nuevas plazas saltó desde los 179,593 hasta los 187,178, de acuerdo con el informe.
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En contraste, los empleados en el sector privado siguen sin recuperarse pues 71,706 empleos que se estima que se perdieron en 2020, debido a la crisis por la pandemia, aún falta por recuperar 9,264, según el informe.
Más empleados significa más gastos
El alto número de empleados públicos que acumula al actual gobierno se traduce, además, en un alto nivel de gastos que se suma a la lista de egresos que debe hacer en un ejercicio fiscal y que ahora se enfrenta a un escenario fiscal limitado.
Pese a eso, el proyecto presupuestario para 2022, ya vislumbra que ese gasto en salarios seguirá en aumento pues para el próximo año se añaden $97.3 millones a las remuneraciones lo cual provocará que el monto total para salarios llegue hasta los $2,430.9 millones, que equivaldrán al 30.5% del gasto total.
Al traducir estos montos a cifras más entendibles, podría decirse que de cada $100 del presupuesto, al menos $30 serán destinados solo para el pago de salarios, una suma que sobrepasa los presupuestos de varias carteras de Estado.
Esta gran porción que ocupan las remuneraciones dentro del Presupuesto 2022 genera dudas sobre la sostenibilidad de dichas plazas, sobre todo, porque el país enfrenta una crisis fiscal bastante delicada con la que requiere cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar aspectos como la brecha presupuestaria.
En este sentido, el investigador del OPP-UFG, Claudio De Rosa, señala que realizar ajustes en este tipo de gastos es lo que se requiere para lograr acuerdos de ese tipo.
Y agrega que “aunque no es algo negativo, no se sabe si es algo sostenible por los recursos que son necesarios para esa cantidad de gasto”, por lo que también destaca que “uno de los puntos que tocó el FMI en años anteriores es que El Salvador debe reducir los gastos de pagos a empleados públicos” para lograr el ajuste fiscal que necesita.
No obstante, el investigador afirma que es necesario “ver cómo se contiene ese crecimiento de plazas públicas y gastos”, por lo que espera que el nivelar esos gastos públicos no se haga por medio del recorte a la inversión pública.
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Lo anterior debido a que el informe también arroja que, solo en 2021, el gasto del gobierno en remuneraciones para el Sector Público No Financiero (SPNF) aumentó en 28.2% con respecto a 2020, alcanzando la suma de $2,145 millones destinados para pagar salarios entre enero y agosto de 2021.
Este aumento, de acuerdo con el informe, se traduce en una contratación de 5,819 nuevos empleados en el sector público solo en el presente año.
Economía sigue recuperándose
Otro de los puntos que abarcó el informe del OPP-UFG es la situación económica del país con la que se espera cerrar el 2021, a la vez que analiza el impacto que ha tenido en la economía la reactivación tras el parón causado por la pandemia de covid-19 en 2020.
De acuerdo con el estudio, esta reactivación ha tenido mucho que ver con el aumento en la inflación que se ha registrado en el país durante 2021, que hasta septiembre había alcanzado el 5%, es decir, un incremento de 5.1% con respecto al período comprendido entre julio de 2019 y diciembre de 2020, cuando se situaba en -0.1%
Así mismo, el informe destaca que la recuperación económica del país sigue marchando de forma positiva, y señala que los datos brindados recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que proyectan un crecimiento del 9% sí pueden ser posibles, no obstante, reconoce que es un “efecto rebote” producto de la contracción económica que tuvo el país en 2020, cuando la economía cayó en un 7.9%.
Además, confirma que con ese crecimiento proyectado por el FMI se recuperaría lo perdido durante la pandemia, aunque apunta que para 2022, El Salvador será uno de los países con menor proyección de crecimiento en la región.
Por otra parte, el informe sostiene que gran parte de ese crecimiento económico que se espera para el cierre de 2021 se debe a un aumento en las remesas familiares que envían los salvadoreños en el exterior, de las cuales $95 de cada $100 provienen solo de Estados Unidos.
Esto quiere decir que, hasta septiembre de 2021, las remesas se incrementaron hasta en un 31.1% con respecto al año 2020, es decir, que al final de 2021, alrededor del 27.3% del PIB será lo equivalente a las remesas recibidas, mismas que rondarán los $7,730 millones.